Sin dudas no será ni el primer ni el último caso en el que una automotriz multinacional radicada en el país incumpla un contrato vinculado a la venta de planes de ahorro. Pero al menos servirá para sentar un precedente valioso para los miles de ahorristas que confían su dinero en estos programas de capitalización para la adquisición de sus vehículos.
Todo empezó cuando el abogado local Iván Sánchez Osadcia confió en la empresa Nissan Argentina para suscribir varios planes de ahorro y capitalización, con el objetivo de adquirir unidades de la firma oriental en condición cero kilómetro.
Ya a mediados del 2023 sonaron las primeras alarmas cuando, al cumplirse en tiempo y forma los pagos estipulados del contrato, la concesionaria empezó a desplegar evasivas y excusas con el objetivo de dilatar, cuando no evitar, la entrega de los vehículos que legítimamente había adquirido Sánchez Osadcia.
Con el patrocinio de otro abogado del fuero local, Diego Rivetti, el damnificado empezó un largo peregrinar. Primero con cartas documento e intimaciones administrativas, para luego —ante la falta de respuestas— iniciar una demanda judicial que se tramitó en el juzgado Civil y Comercial de Novena Nominación, a cargo de la jueza María Magdalena Ovejero Paz y el secretario Fernando Schweitzer.
Vale destacar que previo al inicio de la demanda, el damnificado y el abogado Rivetti agotaron todas las instancias: se entrevistaron con responsables locales y de sede central de Nissan en búsqueda de soluciones, pero todo fue en vano. También intentaron que se cumpla el contrato y la entrega de los vehículos a partir de una gestión en Defensa del Consumidor: tampoco funcionó. De hecho, ni siquiera las direcciones del domicilio legal que había suministrado la empresa eran correctas, al punto que fue muy difícil lograr notificarlos vía legal.
Ante las pruebas irrefutables y la falta de voluntad por parte de Nissan, la justicia civil y comercial no tuvo más que dejar avanzar la denuncia y tomar cartas en el asunto. En primer lugar, se ordenó en noviembre pasado un embargo preventivo superior a los 18 millones de pesos contra la automotriz, al tiempo que se citó al CEO que dirige la empresa en Buenos Aires, Ricardo Flamini, a que comparezca ante sede judicial para brindar respuestas sobre la grave falta de la empresa.
En diálogo con Punto Uno, tanto el damnificado Sánchez Osadcia como su abogado Rivetti, adelantaron que llegarán hasta las últimas consecuencias, exigiendo una reparación por daños y perjuicios ante el abuso de la empresa, tal como prevén las multas punitorias regidas por la ley 24.240 de Defensa del Consumidor: “Esperamos que nuestro caso y nuestra defensa en la Justicia sirva para evitar que las multinacionales sigan ganando dinero de manera extraordinaria a costas de la buena fe de los ahorristas salteños”.