Días atrás se realizó la audiencia de formalización contra otro de los implicados en la causa, el abogado Santiago Pedroza.
En la mañana de este lunes, se produjo la detención de un hombre vinculado a la presunta estafa en la venta de lotes inhabitables en Atocha. Según informaron los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, la investigación se originó a partir de 40 denuncias de familias que habrían sido engañadas por la venta de terrenos ubicados a la vera del río Arias.
El detenido, mayor de edad, formaría parte de una organización que captaba a familias en situación de vulnerabilidad mediante punteros, ofreciéndoles adjudicaciones de lotes inhabitables y hasta inundables. Los pagos que se realizaban iban desde 500.000 pesos hasta cifras cercanas a los 8 millones por familia, efectuados en efectivo o mediante transferencias en domicilios particulares o en el estudio jurídico del profesional, con entrega irregular de comprobantes.
Cabe recordar que esta causa se enmarca en una serie de maniobras fraudulentas iniciadas tras el desalojo de ocupaciones ilegales en terrenos de Atocha en 2023, cuando un abogado se presentó ante las familias ofreciendo asesoramiento legal y la gestión de adjudicaciones. Hasta el momento, el abogado Santiago Pedroza se encuentra imputado y cumple arresto domiciliario, mientras que la fiscalía continúa recibiendo denuncias de otras familias afectadas.
El Ministerio de Tierra y Bienes confirmó que los terrenos ofrecidos carecen de habilitación legal y se encuentran en zonas inundables, lo que impide asentamientos seguros. Además, las gestiones judiciales y administrativas mencionadas por los presuntos responsables no tenían sustento ni constancia ante organismos oficiales.
La audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria para el detenido se realizará este martes 2 de junio en la Delegación San Lorenzo. Los fiscales solicitaron que las personas que consideren haber sido perjudicadas con maniobras similares se presenten con toda la documentación disponible, incluidos comprobantes de pago y contratos, para fortalecer la investigación y esclarecer la magnitud del perjuicio.
- El Tribuno