Tras lo ocurrido esta semana con la suspensión de colectivos nocturnos, el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, dio su mirada del asunto y manifestó la firme postura de la administración local frente a la interrupción de la prestación, ratificando la decisión del Ejecutivo de exigir el cumplimiento de las frecuencias a las empresas prestatarias y subrayó que «con las necesidades de la gente no se negocia».
Así lo dijo en el programa Sin Vueltas de InformateSalta, donde el titular del Senado evaluó los mecanismos institucionales que se implementaron desde la fiscalización de SAETA para garantizar la movilidad de los usuarios perjudicados. «Hemos intimado a las empresas prestatarias exigiendo el cumplimiento inmediato de las cláusulas contractuales vigentes, garantizando el derecho de los ciudadanos a la movilidad», detalló.
Marocco destacó que los debates sobre las variables de costos continuarán desarrollándose pero exclusivamente bajo la condición de mantener las unidades en funcionamiento en las calles de la ciudad. «La provincia mantendrá esta postura firme; las empresas tienen obligaciones legales y deben cumplirlas», precisó.
A todo gas
El vicegobernador también transmitió la inquietud que se manifiesta en los ámbitos de control de los servicios públicos debido a los cambios en los regímenes de subsidio del sector. «El Ente Regulador de los Servicios Públicos nos advirtió que la quita de subsidios por Zona Fría provocará un incremento de entre el 9% y el 10% en las facturas de gas», advirtió sobre las modificaciones.
Así, consideró que los criterios de incrementos tarifarios deben contemplar las particularidades de las diferentes regiones geográficas del territorio salteño. «Es indispensable revisar la aplicación de las zonas frías y cálidas para evitar que los usuarios sufran subas que resulten desproporcionadas en relación a sus condiciones climáticas», argumentó.
Finalmente, el mandatario sumó al balance provincial la preocupación por los niveles de falta de pago en la energía eléctrica en localidades limítrofes y la necesidad de regularizar las conexiones ilegales. «En puntos de frontera como Aguas Blancas o Salvador Mazza hay una fuerte preocupación por la morosidad, sumado a que tenemos que trabajar sobre cerca de 55.000 conexiones ilegales que afectan la red en toda la provincia», concluyó Marocco.
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