El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunió con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, con la intención de destrabar el conflicto por el financimiento de las universidades.
El Gobierno y los rectores universitarios mantienen reuniones para destrabar el conflicto presupuestario, logrando coincidir en una propuesta económica pero no en su implementación. El Ejecutivo ofreció un incremento salarial cercano al 24%, además de fondos adicionales para hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y becas estudiantiles.
El Ministerio de Economía habría autorizado una partida de $800.000 millones para el sector. La oferta fue presentada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ante las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci y Anselmo Torres.
A pesar de los avances en los números, la negociación se encuentra estancada debido a una exigencia del Gobierno. El Ejecutivo pide que los rectores desistan de la demanda judicial para el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, a lo que los representantes universitarios se niegan rotundamente.
Desde el CIN afirmaron: “No estamos dispuestos a renunciar a la ley”. Si bien los rectores ofrecieron informar a la Justicia sobre el avance del diálogo, remarcaron que “no hay margen para eso” respecto a retirar el reclamo, argumentando la necesidad de mantener un resguardo institucional.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la Ley de Financiamiento es ilegal al no especificar fuentes de recursos. Actualmente, los equipos legales de ambas partes analizan si existe una forma de avanzar en el acuerdo sin que las universidades deban renunciar a su demanda judicial, advirtiendo que, de lo contrario, la negociación podría frustrarse.