Lo solicitó la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, quien argumentó su pedido por la “probabilidad de que la empresa cause un daño mayor que el provocado por los delitos cometidos hasta la fecha”.
De acuerdo a lo solicitado desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado de Garantías 5 ordenó hoy el cierre preventivo de la firma Socco Internacional SAS.
El 3 de agosto pasado, la titular de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado el cierre preventivo de la financiera precisando que que la medida requerida se sustenta en la necesidad de evitar que Socco continúe operando, con la probabilidad de que se cause un daño mayor que el provocado por los delitos cometidos hasta la fecha.
Esta mañana, la jueza interina de Garantías 5 Ada Zunino hizo lugar al pedido de la Fiscalía y designó a personal policial de la UDEC especializado en la materia, para efectivizar la medida.
La causa
Luego de recibir denuncias que daban cuenta de incumplimientos en la construcción de viviendas prefabricadas en Salta y otras provincias por parte de Socco Internacional da inicio la correspondiente investigación. De acuerdo a lo relatado por las víctimas, tras la firma de un contrato, que estipulaba los tiempos de obra, entrega y abonar las sumas solicitadas, la empresa incumplía lo pactado y cerraba todo tipo de comunicación con los demandantes.
El Gabinete de Investigaciones de la UDEC detectó que el modus operandi para captar a clientes consistía en una gran actividad vinculada al marketing bajo diferentes nombres comerciales como Socco Internacional, Green Energy Argentina, Nigeco, Socco Groups Consultora Inmobiliaria, Socco Inmo – Casas Prefabricadas, Plan “Vivir Mejor”, Socco Viviendas y Ngc Inversiones.
De todas estas, sólo las tres primeras firmas se encuentran constituidas formalmente y los responsables legales varían entre los gerentes de la primera, según lo determinó la investigación. Además, el titular de Socco habría creado una estructura societaria sin documentación legal correspondiente, rubricando poderes en los que asumen responsabilidad sobre las operaciones.