Los datos fueron revelados por el Ministerio de Seguridad y apuntan a 30 organizaciones sociales denunciadas.
En el último mes, el Gobierno de Javier Milei ha registrado más de 1.500 denuncias diarias en la línea 134, habilitada para informar sobre extorsiones y aprietes para participar en marchas piqueteras. El informe oficial identifica a 30 organizaciones, señaladas por beneficiarios de planes sociales que denuncian el cobro de cuotas mensuales y presiones para asistir a protestas.
La línea 134 fue establecida el 18 de diciembre pasado, cuando la gestión libertaria llevaba 8 días en el poder y estaba a 48 horas de la primera marcha piquetera. Fue aquella marcha del 20 de diciembre, en el que se puso en juego el protocolo antipiquete, básicamente contra las organizaciones de izquierda como el Polo Obrero.
Esta agrupación, que a su vez funciona como el brazo piquetero del Partido Obrero, fue una de las mencionadas en las denuncias. Sin embargo, hay otras muy conocidas también como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (más cercanas al kirchnerismo), Barrios de Pie, Libres del Sur y la Agrupación Darío Santillán.
El texto, de 50 páginas, destaca que de las 57.000 denuncias recibidas en 36 días, menos del 10% (aproximadamente 3,900) proporcionaron datos relevantes, como los nombres de organizaciones y referentes involucrados en las extorsiones. Dicho informe se trata del balance “sintético sobre las denuncias recibidas en la línea 134 acerca de instigación o coacción para cortar calles, rutas o avenidas”.
Algunas de las denuncias detalladas por el Gobierno mencionan también presuntos aprietes para participar en la marcha de este miércoles, que acompañará al paro general de la CGT. Tal es el caso del intendente de Tigre, Julio Zamora (Unión por la Patria), acusado de presionar a los puesteros del Puerto de Frutos de su municipio para que asistan a la movilización.
Según revela el informe, entre las organizaciones sociales mencionadas se encuentran: Organización Cuba MTR, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Corriente Pueblo Unido, Asociación Valeria Orozco, Movimiento Redes Argentina Rebelde, FORJA, Movimiento 17 de noviembre, Movimiento 17 de octubre, El Cambio es Posible, Agrupación William Cooke, Agrupación Las Américas, Agrupación Felipe Vallese, Agrupación desocupados de Eva Perón, Evita Solano, Cooperativa Unión de Productores Familiares, Nuevo Pasos, Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, Agrupación Martín Fierro, Organización Corriente Pueblo Unido, Mariano Ferreyra, Organización FOL, Movimiento Barrial de Trabajadores, y el Movimiento Teresa Vive.
También figura una organización sindical: la CTA (Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina), otra que está vinculada al kirchnerismo. Además, en algunos casos, los beneficiarios proporcionaron los nombres de los presuntos referentes que los aprietan.
La lucha entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras involucra disputas de poder en la calle y temas económicos, como la distribución de los Planes Potenciar. La cantidad de beneficiarios de estos planes supera el 1.3 millón, y su acceso es controlado por organizaciones piqueteras, convirtiéndolas en actores clave en la política local.
En este sentido, el Informe aclara que “más de 1.200 de las denuncias recibidas al 134 fueron derivadas al Ministerio de Capital Humano porque involucran a personas u organizaciones sociales que presionan a los beneficiarios de algún tipo de Plan o Asignación Estatal para participar de los cortes de calle bajo la premisa de quita, limitación o multa de los beneficios a aquellos que no concurran, como así también diversas irregularidades relacionadas con la administración de los planes mencionados”.