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La bancada de Diputados del PRO impulsa la «Ley Alejo»

El proyecto presentado por diputados del PRO surgió luego del asesinato a Alejo Oroño por parte de su ex pareja. El máximo impulsor de la iniciativa posee una denuncia por violencia de género.


Diputados del PRO presentaron el proyecto «Ley Alejo» para prevenir la violencia de género contra varones y sancionar la realización de denuncias falsas por violencia de género, algo que causó rechazo en buena parte de la de la sociedad en un país donde hay un femicidio cada 29 horas y a sabiendas de que las denuncias falsas representan una cifra inferior al 2% del total.

La denominada “Ley Alejo” se presentó luego del crimen de Alejo Oroño (22) a manos de su ex pareja, Nadia Navarro Montenegro, en la localidad de William Morris, Hurlingam. La tratativa busca ampliar “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia “desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres”, indican sus impulsores.

“A Alejo, como hombre, le daba vergüenza denunciarla (a su pareja) y cuando intentó hacerlo no le tomaron la denuncia”, remarcan en el proyecto, que además de la capacitación obligatoria, establece una línea gratuita de asistencia y comisarías especializadas capaces de atender “las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de los diferentes géneros y la diversidad sexual”. Además, tipifica las falsas denuncias por violencia de género, y el impedimento de contacto con los hijos como violencia psicológica.

“Un tema que claramente es un tabú social y un fenómeno distinto al de violencia de género y debe legislarse como tal, debido a que su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios y formas en que se manifiesta”, señala la iniciativa que fue presentada con las firmas de los legisladores de JxC, Gisella Scaglia, Gabriela Lena, Alicia Terada, Estela Regidor, Lidia Ascarate, Sebastián García De Luca, Marcelo Orrego, Domingo Amaya, Francisco Sánchez, Juan Aicega, Gustavo Hein, David Schlereth, Hernán Berisso, y Gerardo Cipolini.

Según consignó Clarín, el autor del proyecto y principal firmante es el diputado por San Juan, Eduardo Cáceres, que meses atrás fue denunciado por violencia de género por su ex pareja, la dirigente del PRO, Gimena Martinazzo.

El proyecto cita dos estudios internacionales donde se indica que los hombres «tienen mayores problemas a la hora de pedir ayuda por el estigma que relaciona al varón con el sexo fuerte» y, al mismo tiempo, una cuestionada afirmación sobre que existe «paridad en las tasas para hombres y mujeres tanto como agente activo como agente pasivo del abuso y se recomienda reconocer a las víctimas masculinas».

En Argentina, las denuncias falsas ya tienen un tratamiento, a través del artículo 456 del Código Penal vigente, el cual «sanciona a quien imputare a alguna persona hechos que de ser ciertos constituirían infracción penal si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación».

A su vez, cabe destacar que a nivel internacional se constató que la cifra perteneciente a las denuncias falsas por violencia de género es ínfima con respecto al total de las denuncias. En España, un país que lleva este registro, la Memoria 2020 de la Fiscalía General del Estado, constató que en 2019, de las 168.057 denuncias que se presentaron, sólo 7 lo fueron por denuncia falsa. Además, estudios realizados en Inglaterra y Estados Unidos sostienen que las denuncias falsas por violencia de género son menos del 2%.

Principales puntos del proyecto

  • El proyecto amplía los alcances de la “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres.
  • Se desarrollan políticas públicas en educación, justicia, seguridad y trabajo, entre otros organismos, y campañas de difusión.
  • Crea una línea gratuita de asistencia.
  • Comisarías especializadas capaces de atender las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de diferentes géneros, garantizando cupo igualitario en la atención y respetando el previsto por el Decreto 721/2020 para trans, travestis y transgénero.
  • judiciales y administrativos, y crea un observatorio para analizar los casos.
  • Se tipifican las falsas denuncias y el impedimento de contacto con los hijos como violencia psicológica.
  • Establece mecanismos informativos y educativos en la capacitación dar a conocer las consecuencias legales de realizar falsas denuncias y publicar y compartir escraches en redes sociales.
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