Greenpeace advirtió que las maquinas arrasaron con bosques nativos en la zona de Finca Tonono, territorio habitados por comunidades originarias. Las máquinas ya llegaron a pocos metros de las viviendas de Pozo Nuevo.
Las máquinas topadoras continúan avanzando sobre bosques nativos en la zona de Finca Tonono, en Tartagal, en un área donde habitan comunidades wichis. Así lo denunció la coordinadora de Bosques de Greenpeace Argentina, Noemí Cruz, quien, en diálogo con Profesional, aseguró que el avance del desmonte llegó hasta las inmediaciones de las viviendas de la comunidad Pozo Nuevo.
“Las máquinas con cadenas actualmente continúan deforestando. Finca Tonono está prácticamente encima de la comunidad Pozo Nuevo. Hoy los wichis mandaron fotos de que llegan hasta pocos metros de las casas”, señaló Cruz.
La referente de Greenpeace también relató que los habitantes lograron evitar que las máquinas ingresaran a un pequeño cementerio ubicado cerca de las viviendas, aunque advirtió que el lugar continúa amenazado por el avance del desmonte.
“Esta comunidad logró salvar de las topadoras un pequeño cementerio que tienen ahí, cerca de las casas. Hasta cuándo no sabemos, porque ese espacio está delimitado para desmontar”, sostuvo.
Greenpeace cuestiona la autorización del desmonte
Cruz afirmó que, desde la organización, consideran ilegítimo el avance sobre el territorio debido a la presencia de comunidades originarias que cuentan con un relevamiento territorial realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Esta deforestación es ilegítima porque viven ahí comunidades wichis que son los verdaderos dueños, cuentan con su carpeta de relevamiento que hizo el INAI, pero la provincia de Salta no respeta esa territorialidad ancestral que tienen”, expresó.
Según explicó, Greenpeace desconoce qué autorización habría otorgado la Provincia para permitir los desmontes y cuestionó la falta de información oficial.
“Se desconoce qué es lo que la Provincia autorizó porque no dieron explicación ni a los wichis ni a organismos como Greenpeace, que presentamos notas y ya denunciamos esto hace más de un mes”, afirmó.
La referente ambiental recordó que hace aproximadamente una década distintas empresas habían solicitado autorización para desmontar en la zona, cuando el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta no permitía ese tipo de intervención debido a la categorización del área.
Con la actualización del ordenamiento, según explicó, sectores que antes estaban comprendidos dentro de la categoría amarilla ahora figuran como áreas de producción y conservación, donde se permite un determinado porcentaje de desmonte.
Más de 3.300 hectáreas desmontadas
Cruz aseguró que actualmente las topadoras avanzan en distintos sectores y mencionó desmontes en Desdeelsur, Tonono y Finca Caraguatá. “Ahora avanzaron con todo las topadoras, llevan más de 3.300 hectáreas desmontadas”, sostuvo.
También cuestionó la situación territorial de las comunidades wichis asentadas a la vera de la Ruta Nacional 86 y afirmó que la Provincia no reconoce sus derechos sobre esos territorios.
“Están viendo desaparecer su ámbito de vida”, advirtió.
En ese sentido, aseguró que Desdeelsur lleva desmontadas más de 27 mil hectáreas durante los últimos años y denunció que existe una fuerte presión sobre estos territorios para avanzar con nuevos desmontes.
Denuncias sin respuestas
Las comunidades realizaron presentaciones ante la Justicia para intentar frenar el avance de las máquinas, pero, según Cruz, hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas.
Incluso señaló una situación denunciada por los propios habitantes: el fiscal de Tartagal habría informado que debía intervenir la Policía, pero que el traslado no se concretó por falta de combustible.
“Las comunidades hicieron una denuncia pero no obtuvieron respuestas y el fiscal de Tartagal informó que tenía que ir la Policía pero que no iban por falta de combustibles”, relató.
Cruz también cuestionó el alcance del nuevo ordenamiento territorial y advirtió que, según su interpretación, Salta podría habilitar el desmonte de una superficie muy significativa de bosques nativos.
“Con el nuevo ordenamiento, Salta tendría posibilidad de desmontar más de 100 mil hectáreas por año”, afirmó.
La situación mantiene en alerta a las comunidades wichis de la zona, que denuncian que el avance de las topadoras amenaza directamente sus viviendas, espacios comunitarios y territorios ancestrales.
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