Se estableció un “Régimen Especial de Regularización de Obligaciones” para EDESa y ESED, en el marco de la emergencia energética dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación.
A través del Boletín Oficial, el Ente Regulador de los Servicios Públicos estableció un “Régimen Especial de Regularización de Obligaciones” para las distribuidoras de energía, que tendrá por objeto determinar los mecanismos de regularización, recomposición, compensación y actualización de tarifas. El documento se realiza en el marco de la declaración de emergencia energética por parte de la Secretaría de Energía de la Nación encabezada por Flavia Royón.
Uno de los puntos de esta medida es la autorización por parte del ENRSP a actualizar los cuadros tarifarios en periodos trimestrales, a fin de que “las distribuidoras afronten los costos de los servicios”. Estas “actualizaciones” tendrán que tener “principios de razonabilidad y gradualidad, aplicando a su vez los índices inflacionarios estimados mensualmente por el Relevamiento de Expectativos de Mercado”.
Además, se instrumentará a través de Actas Acuerdo entre el Ente Regulador y las distribuidoras, mientras se mantengan las condiciones de emergencia del sistema de energía.
Cada una de esta acta establecerá el tratamiento de las obligaciones de las distribuidoras e incluirán compromisos de inversiones extraordinarias en la infraestructura eléctrica, la regularización de la deuda de EDESa a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), herramientas de focalización de subsidios y periodicidad de actualización de tarifas para “garantizar sustentabilidad”.
Asimismo, durante la vigencia del régimen quedarán suspendidas las sanciones relacionadas a la falta de pago de las deudas con CAMMESA.
Para acceder al régimen establecido, EDESA y ESED tendrán que realizar la presentación de un plan de trabajo para el 2024 (que tenga una sustentabilidad para evitar con la empresa administradora); detalle de la deuda hasta el 1 de enero del 2024; evolución de la incobrabilidad total; la renuncia a cualquiera acción contra la Provincia por las determinaciones tarifarias del 2022 y del 2023, y plan de inversión en obras que deberá abarcar tres años.
Entre los argumentos para la implementación de este régimen, el Ente consideró la situación inflacionaria, que provocó un aumento en los costos que además se suma a una deuda que la provincia mantiene con las distribuidoras por los subsidios; lo que generó “un desfasaje económico de $22.982.606.531”.
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