El Comité Provincial de Prevención contra la Tortura, detectó serias violaciones a los Derechos Humanos en la Unidad Carcelaria N° 4 de Mujeres del penal de Villa Las Rosas, en cuanto al hacinamiento y utilización de una forma de tortura que solicitaron debe erradicarse.
El informe surge a través de una visita de monitoreo sin previo aviso al penal, y luego de recabar documentación solicitada las autoridades del Penal por la el Comité Provincial. Entre los datos más relevantes se destaca el hacinamiento en el que viven las internas y la utilización de «buzones» como castigo, que son celdas de aislamiento de un 1,5m x 1,5m, sin ventilación ni iluminación.
El Comité afirmó tramitó la solicitud de la erradicación de este de castigo, por considerarlo una de las formas de tortura.
Rodrigo Solá, presidente dijo a Nuevo Diario que van judicializar esta situación, si es que las autoridades del Penal no mejora los aspectos que señalaron como de pronta solución. “Tienen una población que es superior a la capacidad que tienen. Esa unidad tiene lugar para 90 personas y nosotros constatamos 114”, detalló.
“Constatamos una persona que en ese momento estaba castigada en ese llamado «buzón» ”, indicó Solá. Además, se confirmó que existen dos de estos «buzones» en la UC4 de Mujeres.
Desde el organismo, además, han marcado la necesidad de rever el régimen disciplinario, ya que según palabras de Solá, no se encuentran especificadas las causales por la cual se puede ejercer un castigo contra una interna.
“Después las condiciones no son dignas en lo que tiene que ver con la estructura del establecimiento. Es frio, sin ventilación, húmedo. De cada uno de esos puntos fuimos haciendo recomendaciones, se planteó la alimentación que no hay mucha diversidad, que no hay fruta, verdura”, señaló el presidente del Comité.
En la visita, además de recorrer y señalas las deficiencias del establecimiento, se realizaron entrevistas de la unidad, personal penitenciario y reclusas que estén dispuestas a dar testimonio.
“Nosotros hemos emitido algunas recomendaciones que son de cumplimiento inmediato como por el ejemplo el caso de las condiciones sanitarias, garantizar el acceso al agua caliente, higiene, alimentación”, explicó Solá
Estas recomendaciones deben solucionarse de manera inmediata, y desde el comité empezarán a seguir periódicamente los avances en cuanto a las soluciones,
“En caso de constatar que hay algún incumplimiento de deberes de funcionario público eso se transforma en un delito y nosotros podemos accionar judicialmente”, dijo Solá, afirmando que si desde la unidad no soluciona estas cuestiones podrán iniciar una acción penal contra las autoridades.
Según palabras de Solá, hubo colaboración de las autoridades de la Unidad Carcelaria y afirmó que informarán a la sociedad conforme realicen este tipo de acciones.
“Se planteaba mucho la cuestión de acceso a la justicia, demanda de visita de los defensores oficiales y privados”, dijo sobre los pedidos de los reclusos.
El informe ya fue presentado a las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, Procuración General de la Provincia y Defensoría General de la Provincia donde dieron cuenta de la problemática en el penal.
Nuevo Diario de Salta