El Senado aprobó la adhesión de Argentina al tratado internacional después de casi 30 años de debate. La medida modifica las reglas para proteger nuevos desarrollos y abre una disputa por el futuro de los genéricos, la competencia entre laboratorios y el costo de los tratamientos.
Con 47 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó la incorporación de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La medida modifica el procedimiento para registrar invenciones en el exterior y plantea un interrogante sobre el futuro del mercado farmacéutico: cómo podría afectar la competencia entre los medicamentos originales y sus alternativas genéricas.
El acuerdo, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), permite presentar una sola solicitud para iniciar el trámite de protección de una invención en distintos países. Además, amplía de 12 a 30 meses el plazo para decidir en qué mercados se buscará una patente.
Sin embargo, la adhesión no significa que una invención obtenga protección automática en todos los países. En Argentina, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) seguirá evaluando cada solicitud y tendrá la decisión final. La autorización de la ANMAT también continuará siendo obligatoria para comercializar medicamentos.
El principal cuestionamiento de los laboratorios nacionales apunta al posible impacto sobre los genéricos y biosimilares. Advierten que una mayor protección de las patentes podría demorar la aparición de alternativas a los medicamentos originales, reducir la competencia y generar presión sobre los precios.
Para limitar ese efecto, el Congreso incorporó una reserva sobre el capítulo II del tratado, que excluye un examen preliminar internacional más específico sobre las condiciones para conceder patentes. Así, el INPI conserva la facultad de resolver qué desarrollos reciben protección en el país.
En cambio, los sectores que respaldan la adhesión consideran que facilitará las inversiones y la internacionalización de las innovaciones. AmCham sostiene que desarrollar un medicamento nuevo puede llevar entre 10 y 15 años y demandar unos US$2.600 millones, por lo que considera fundamental garantizar la protección de la propiedad intelectual.
Los cambios no implican aumentos inmediatos en los medicamentos, pero podrían modificar las condiciones de competencia en el mercado a mediano y largo plazo.




















