Amnistía Internacional denunció más de 1.000 heridos en protestas de 2024 y apuntó al Gobierno por criminalizar la protesta social.
Un reciente informe publicado por Amnistía Internacional Argentina generó controversia al cuestionar el accionar del Gobierno nacional en el manejo de las protestas sociales durante 2024.
El documento, basado en el análisis de 15 movilizaciones, denuncia un uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, contabilizando más de 1.000 heridos y alertando sobre una supuesta vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la protesta social.
En su denuncia, la organización incluyó testimonios de manifestantes, documentos oficiales y un registro detallado de los hechos, sostiene que la implementación del protocolo antipiquetes diseñado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha restringido significativamente el derecho a la protesta pacífica en la Ciudad de Buenos Aires, principal escenario de las manifestaciones.
“El protocolo parte de la premisa de que toda protesta social atenta contra la seguridad y el orden público, estableciendo pautas que vulneran derechos fundamentales”, señala el informe, que fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU.
La organización también destacó el uso excesivo de gases lacrimógenos, balas de goma y bastones policiales, así como la criminalización de los manifestantes a través de discursos oficiales que califican las protestas como actos “terroristas”.
La respuesta del Gobierno
La ministra Patricia Bullrich desestimó las acusaciones y defendió el accionar de las fuerzas de seguridad. “Es un informe ideologizado que no refleja la realidad. En 2024, logramos devolverle a los ciudadanos la posibilidad de transitar libremente por las calles, y lo hicimos con un uso mínimo y profesional de la fuerza”, afirmó.
La funcionaria también celebró la implementación de una línea anónima para denunciar presiones a beneficiarios de planes sociales, lo que, según ella, debilitó a las organizaciones que utilizaban métodos coercitivos para garantizar asistencia masiva en las marchas.
Uno de los episodios más críticos señalados por Amnistía fue la protesta frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, el 12 de junio de 2024. La jornada, que culminó con 33 detenidos, estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, incendios de mobiliario urbano y la quema de un móvil de prensa.
Amnistía resaltó que, entre los afectados, se encontraban 35 profesionales de la comunicación que resultaron heridos mientras cubrían los hechos. “Desde enero de 2024, numerosos periodistas han sido víctimas de agresiones en el contexto de las manifestaciones, lo que representa una amenaza directa a la libertad de prensa”, advierte el documento.
Criminalización de la protesta
El informe también critica los mensajes emitidos por el oficialismo, acusándolos de criminalizar la protesta social. Como ejemplo, menciona un mensaje publicado en X por una cuenta oficial en el que se felicitaba a Bullrich por “reprimir a grupos terroristas que intentaron perpetrar un golpe de Estado”.
Esta postura generó divisiones en la opinión pública. Mientras algunos sectores celebran la recuperación del “orden y la seguridad”, otros consideran que las políticas de Bullrich representan un retroceso en términos de derechos humanos y libertades fundamentales.