Las demandas por la promoción del token $LIBRA realizada por el primer mandatario argentino ya superan el centenar y serán investigadas por el fiscal Guillermo Marijuan. La Justicia evaluará si el presidente incurrió en algún delito.
Lo que comenzó como una simple publicación en la red social X por parte del presidente Javier Milei escaló hasta convertirse en un escándalo judicial. La promoción del token $LIBRA, que generó pérdidas millonarias a miles de inversores, ya acumuló 112 denuncias penales en la Justicia Federal.
Fuentes judiciales confirmaron que hasta la tarde del domingo se registraron 111 denuncias digitales en distintos juzgados y una adicional en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, que ya está en manos del fiscal Guillermo Marijuan. La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.
La Justicia deberá determinar si la publicación de Milei en redes sociales constituye un delito. En el posteo, el Presidente avalaba el proyecto de criptomoneda sin aclarar que no tenía vínculos con la empresa que lo impulsaba. Sin embargo, horas después eliminó el mensaje y publicó otro en el que se desligaba de cualquier relación con la iniciativa.
El fiscal Marijuan deberá analizar si se configura un posible delito de fraude, manipulación del mercado o abuso de autoridad. Según expertos en derecho penal, la clave estará en determinar si hubo intención de inducir a error a los inversores.
El impacto político y las reacciones
El escándalo generó una fuerte reacción en la oposición, que ya impulsa pedidos de juicio político contra Milei. Legisladores del kirchnerismo y otros espacios de la oposición buscan que el Congreso investigue la posible responsabilidad del mandatario en la promoción del activo digital.
El abogado Jorge Grispo sostuvo que “una publicación en redes sociales, por sí misma, no constituye un delito” y que “el derecho penal no puede utilizarse para castigar decisiones políticas o de comunicación”. En la misma línea, Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, afirmó que “promover un proyecto comercial no es delito salvo que se demuestre engaño deliberado”.
Por otro lado, el abogado Daniel Kiper advirtió que “las redes sociales pueden ser utilizadas como vía para cometer delitos, incluyendo fraude y estafa”, por lo que consideró que la promoción del token debería investigarse a fondo.
Entre las denuncias más relevantes se encuentra la del ex presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá, quien acusó a Milei de “estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y delitos financieros”.
Otra denuncia fue realizada por Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto a otros referentes políticos y sociales. En su presentación, acusan a Milei de formar parte de “una asociación ilícita para estafar a más de 40 mil personas”.
Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón, cercano al kirchnerismo, también presentó una demanda que no solo involucra a Milei, sino también a su hermana Karina Milei, al vocero presidencial Manuel Adorni y a otras figuras del entorno libertario. Además, apunta contra los empresarios vinculados a la criptomoneda, como Hayden Davis y Julian Peh.
Con las denuncias acumulándose, la Justicia deberá decidir si unifica todas las causas en un solo expediente y si avanza con imputaciones contra Milei y otros funcionarios. Mientras tanto, el presidente busca minimizar el impacto del escándalo y redobla su discurso contra la “casta”.
El caso podría convertirse en un nuevo frente judicial y político para el Gobierno, que ya enfrenta cuestionamientos por otras polémicas decisiones económicas y comunicacionales.