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En qué consiste la Emergencia Alimentaria que propuso Lavagna

El candidato presidencial habló de un "delicado cuadro social" en el país y sugirió varias medidas que pidió sean consideradas en modo urgente.


ace dos semanas llamamos a bajar la intensidad electoralista y pedimos que el Gobierno ponga en marcha un programa de Emergencia Alimentaria en todo el país», recordó esta tarde el candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna.

Acompañado de su compañero de fórmula, el salteño Juan Manuel Urtubey, y otros candidatos de ese espacio, el economista lamentó haber recibido como respuesta «un simulacro de diálogo que terminó intensificando el campañismo».

Según las cifras oficiales, recordó Lavagna, «en Argentina había hace quince días atrás unos 14 millones de pobres y 3 millones y medio de indigentes, numeros que podemos comprobar que han crecido drásticamente por los fuertes aumentos de precio de los productos de la canasta alimentaria».

«Creemos que ahora más que nunca es impostergable dedicar todos los esfuerzos a lograr que en Argentina a nadie le falte comida y nadie tenga hambre».

En ese sentido, explicó que presentaron un conjunto de medidas, entre ellas la Emergencia Alimentaria Nacional durante siete meses desde el primer día de septiembre de 2019 hasta iniciado el Ciclo Escolar 2020.

Entre otras medidas complementarias, Consenso Federal reclamó el tratamiento prioritario en el Congreso de la Nación de la Ley de Góndolas que tenga por objeto mejorar la competencia entre marcas y empresas de los productos que se exhiben en los supermercados lo que redundará en una mejora de los precios de los alimentos al consumidor.

El un documento en el que se detallan estas propuestas, Lavagna sostiene que las mismas están enmarcadas en el compromiso ofrecido por el Gobierno en la carta de elevación del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras del 12 de Junio de 2018 al FMI.

Recordó que allí se expresa que “en el improbable caso de que la situación social se deteriore, nos comprometemos a destinar recursos adicionales al financiamiento de nuestros programas de asistencia social más efectivos”. Este compromiso -explicaron- se conoció como “cláusula de protección social”.


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