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El Gobierno confirmó que cerrará dos organismos públicos y despedirá a 900 empleados


Según anunció el vocero presidencial el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, ahora pasaran a ser secretaria y sólo mantendrán a 64 trabajadores. Implica un ahorro de $9.000 señaló.

Como parte del plan de ajuste y reducción del Estado que lleva adelante el presidente Javier Milei, en esta ocasión se confirmó que se desmantelaran otros dos organismos públicos, por lo que unos 900 empleados serán despedidos.

Se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, entes que están en la órbita del Palacio de Hacienda a cargo de Luis Caputo, quien dispuso el desmantelamiento de las unidades reduciendo a 64 el número de trabajadores que permanecerán.

El encargado de dar la noticia fue el vocero presidencial, Manuel Adorni: “Luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados, se va a transformar en una dirección en el que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de $ 9.000 millones”.

Durante su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el funcionario se refirió a “la fiesta que había del gasto público” en el área que dejará de existir y remarcó que “Tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.

“Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”, agregó el portavoz de Milei.

Vale destacar que el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena había sido creado por un decreto del ex presidente Alberto Fernández en el año 2022. Contaba con partidas presupuestarias propias y autarquía económica y financiera y estaba a cargo de un dirigente del Movimiento Evita, de Miguel Gómez, muy cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar dentro del ministerio de Desarrollo Social y que ahora fue denunciado por malversación de fondos públicos por el nuevo gobierno.


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