En audiencia pública, la empresa GASNOR pidió ante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) un incremento tarifario del 77,73%, porcentaje que sumó voces en contra, teniendo en cuenta la situación económica y la inflación.
En diálogo con InformateSalta, el defensor del Pueblo de Salta, Federico Núñez Burgos, se mostró en contra del pedido. “Nos parece que es un aumento exorbitante en función de los niveles de ingresos familiares y especialmente le hemos pedido al ENARGAS que tenga en cuenta la calidad en la prestación del servicio de Salta”, dijo.
En este sentido, agregó que hay que tener en cuenta que desde el inicio de la pandemia la empresa tuvo varias interrupciones en la atención comercial, además que tampoco presentó un plan de obra.
“El proceso tarifario está en debate, es una revisión integral del sistema. Es lo que está haciendo ahora, básicamente una actualización provisoria, pero esto ha llevado a que las empresas no presenten un plan de inversión, un plan de obras. Nosotros entendemos que no se puede actualizar un 77%, eso es una barbaridad”, expresó.
Para él, se debe tener en cuenta que el sueldo promedio de una familia salteña, a precios de hoy, más del 60% se destina a servicios y a ello hay que sumarle el alquiler, la movilidad y las contingencias de salud. “No hay ninguna posibilidad que nosotros aceptemos un aumento de este tipo”, reafirmó.
En los próximos días, ENARGAS tendrá que tomar la resolución final y a partir de allí se decidirá cuáles son las medidas que se seguirán desde la Defensoría. “Si hay que apelar acciones legales o hay que ver cuál es la estrategia general en función al aumento que se pudiera llegar a otorgar. Nosotros también hemos pedido que en caso de autorizar algún aumento tarifario, sea distribuido a lo largo del año, así como se distribuye el salario mínimo, vital o móvil. Cualquier aumento que se pueda llegar a pensar, tiene que contemplar la variación salarial anual”, manifestó.
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