En medio de los reclamos por los bajos salarios del personal militar, el Ministerio de Defensa resolvió flexibilizar las restricciones que impedían a soldados, suboficiales y oficiales desarrollar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio.
La decisión habilita a los efectivos a desempeñarse en distintas tareas privadas para reforzar ingresos, incluyendo trabajos vinculados a reparto de pizzas o uber, seguridad privada y otras actividades compatibles con la función militar.
La medida llega luego de meses de cuestionamientos por el deterioro salarial que afecta a gran parte del personal de las Fuerzas Armadas y en un contexto donde numerosos efectivos denunciaron dificultades para sostener sus gastos cotidianos.
La resolución generó repercusiones inmediatas porque expone una situación que hasta hace pocos años parecía impensada: integrantes de las Fuerzas Armadas obligados a buscar una segunda fuente de ingresos para llegar a fin de mes.
Desde el Gobierno sostienen que la medida amplía oportunidades laborales y brinda mayor libertad al personal militar. Sin embargo, las críticas apuntan a que la decisión constituye una admisión implícita de que los salarios actuales resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de miles de efectivos.
La polémica también alcanza al plano político. Durante la campaña electoral y los primeros meses de gestión, Javier Milei había prometido jerarquizar a las Fuerzas Armadas y recuperar su protagonismo institucional. Para muchos observadores, la autorización para que los militares trabajen repartiento pizza o haciendo uber aparece lejos de aquella promesa de revalorización.
De operaciones tácticas a la economía de Pedidos Ya
La imagen resume por sí sola el debate que se abrió tras la medida. Personal entrenado durante años en logística, inteligencia, comunicaciones, operaciones especiales, defensa territorial o conducción militar ahora podrá complementar sus ingresos realizando tareas que poco tienen que ver con la función para la que fue formado.
La situación reavivó cuestionamientos sobre la utilización de recursos humanos altamente capacitados que, fuera de servicio, podrían terminar desempeñándose como conductores de Uber, repartidores o trabajadores eventuales para compensar la pérdida de poder adquisitivo.