El máximo tribunal rechazó los últimos planteos de la exvicepresidenta y de Lázaro Báez, ratificó la actualización del monto y habilitó el avance de la ejecución patrimonial sobre los bienes de los condenados.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme este miércoles la actualización del decomiso dispuesto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y el resto de los condenados. Con esta decisión, el monto que deberán afrontar de manera solidaria pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, lo que consolida el avance de la ejecución patrimonial sobre sus bienes.
El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por la defensa de la expresidenta y del empresario Lázaro Báez, quienes buscaban frenar la actualización del decomiso y suspender las medidas vinculadas a la ejecución de los activos. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Con este fallo, quedó firme la actualización realizada sobre la base de un informe elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la propia Corte y se habilita la continuidad del proceso para recuperar los bienes establecidos en la sentencia.
Avanza la ejecución sobre los bienes
La orden de decomiso comprende 111 bienes pertenecientes a los condenados. En ese marco, el Tribunal Oral Federal N.º 2 ya comenzó el proceso de tasación de distintas propiedades, especialmente inmuebles ubicados en Santa Cruz, paso previo a una eventual subasta para hacer efectivo el cobro.
El decomiso deberá ser afrontado solidariamente por todos los condenados. Sin embargo, gran parte de los activos de Lázaro Báez ya fueron liquidados en la quiebra de Austral Construcciones y en otras causas judiciales, por lo que la atención está puesta principalmente en los bienes que aún integran el patrimonio de Cristina Kirchner y de los demás involucrados.
Qué investigó la causa Vialidad
La causa Vialidad investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Según la Justicia, durante ese período se favoreció de manera sistemática al Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez, mediante licitaciones que ocasionaron un perjuicio económico al Estado.
Por esos hechos, la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La exmandataria cumple actualmente esa condena bajo el régimen de prisión domiciliaria.
También recibieron condenas Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros exfuncionarios que participaron de la ejecución de las obras investigadas.
Los planteos que rechazó el máximo tribunal
Las defensas de Cristina Kirchner y de Lázaro Báez sostenían que el decomiso tenía naturaleza patrimonial y que debía tramitarse en el fuero civil, además de cuestionar la actualización del monto y el alcance temporal de la medida.
Sin embargo, tanto la Cámara Federal de Casación Penal como ahora la Corte Suprema rechazaron esos argumentos y ratificaron que el decomiso forma parte de la condena penal, por lo que corresponde que su ejecución continúe en el ámbito del Tribunal Oral Federal N.º 2.