El Gobierno provincial dio a conocer las cifras de casos de hasta cinco años de edad. El 57% de las muertes fueron en Rivadavia, San Martín y Orán.
El Gobierno provincial dio a conocer cifras oficiales sobre la muerte de niños y niñas en la provincia.
La alerta surgió, esta vez, tras una declaración de la subsecretaria de Gestión de Salud de la Provincia, Silvia Cardozo, quien desde Tartagal afirmó que la mortalidad infantil creció en el primer trimestre de este año, cuando, según dijo, se registraron 70 decesos de niños, de los cuales 69 corresponden a comunidades de Santa Victoria Este y Mosconi y uno a Tartagal.
Tras eso, desde Casa de Gobierno convocaron ayer a una conferencia de prensa. Allí precisaron que fueron 79 los fallecimientos de niños y niñas de hasta 5 años entre enero y marzo en toda la provincia, y entre ellos 45 ocurrieron en norte salteño.
Quien dialogó ayer con los medios fue la directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud local, Patricia Leal. Afirmó que la mortalidad infantil se mantiene “más o menos” igual que desde hace dos años.
“Para este mismo trimestre la cantidad de mortalidad que venimos viendo desde 2020 es semejante”, dijo la médica.
Las cifras que compartieron desde Salud de la Provincia advierten que el 57% de las muertes de niñas y niños de hasta 5 años de la provincia en el primer trimestre ocurrieron en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán, donde está vigente desde 2020 un estado de emergencia sanitaria declarado por el Gobierno provincial.
En las estadísticas figuran las infecciones respiratorias como principal causa de la mortalidad infantil en el norte salteño. Cerca del 35% de las víctimas murieron con esa patología asociada, principalmente, a la influenza.
En este caso lo llamativo no es la gripe, de la que hubo un brote en los primeros meses del año en la población infantil de toda la provincia sin mayores preocupaciones de las consecuencias habituales de la enfermedad, sino que un alarmante porcentaje de niños norteños que la padecieron perdieron la vida.
De hecho, entre las otras áreas del mapa sanitario del Ministerio de Salud solo se registró un fallecimiento por infección respiratoria en la zona oeste de Salta.
Como repiten los especialistas, la precariedad en las condiciones de alimentación, acceso al agua segura y a los servicios de salud, es lo que pone en riesgo a los niños de morir por cualquier enfermedad que pesquen.
En las fichas médicas que se llenan por los decesos, que son las que rigen en las estadísticas, no suele figurar la desnutrición como causa de muerte, sin embargo, la malnutrición es una condición común que deriva en los desenlaces fatales de parte de la población infantil del norte. En el pasado trimestre solo dos niños fueron anotados como fallecidos estrictamente por desnutrición en la zona norte.
“Algunos niños de los que fallecieron estaban con riesgo de bajo peso”, admitió al respecto la doctora Leal.
“Hay múltiples causales de esta mortalidad, entre ellas se encuentra la COVID-19, Influenza, los dos virus que intervinieron en muchas de las muertes, desnutrición, y recién nacidos. Estadísticamente es mayor a años anteriores”, había señalado Silvia Cardozo, subsecretaria del Ministerio de Salud Pública de la Provincia antes de la conferencia que hubo en el Grand Bourg.
En la Justicia
La coordinación de las acciones para enfrentar las necesidades estructurales de Orán, San Martín y Rivadavia, sobre todo de sus comunidades indígenas, también pasó a la vía judicial a través de amparos.
En octubre del año pasado, la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, interpuso una acción de amparo colectivo en la Justicia salteña “en favor de la totalidad de niñas, niños y adolescentes de comunidades de pueblos indígenas que habitan y viven en los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín, para garantizar sus derechos a la protección especial, el derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la alimentación adecuada, agua segura y el acceso a la justicia”.
La Corte de Justicia de Salta se declaró competente en ese trámite y debería haber una resolución a la brevedad, por tratarse de un amparo.
Y mediante otra medida cautelar, solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el juez del Tribunal de Impugnación Eduardo Barrionuevo ordenó en enero pasado las designaciónes facilitadores interculturales en los hospitales de los departamentos declarados en emergencia sociosanitaria y que se disponga el establecimiento de albergues de tránsito para los pacientes y las familias indígenas que deban ser trasladadas por motivos de salud.
El Tribuno