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Adorni: “No están dadas las condiciones para aumentarle a los jubilados”


En medio del debate por el veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria, el Gobierno confirmó que no habrá aumento en el bono de $70.000 para jubilados en septiembre.

En un contexto de creciente incertidumbre política y social, el Gobierno Nacional decidió mantener sin cambios el monto del bono extraordinario de $70.000 que se otorgará a los jubilados en septiembre, a pesar de las crecientes demandas para que aumente. La medida fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien enfatizó que “no están dadas las condiciones” para un aumento adicional.

El debate sobre la situación de los jubilados se ha intensificado tras el veto total del presidente Javier Milei a la ley de Movilidad Jubilatoria recientemente aprobada por el Congreso. Esta ley, que había sido impulsada por sectores opositores, buscaba ajustar los haberes jubilatorios de acuerdo con la inflación, pero fue rechazada por el Ejecutivo bajo el argumento de que carece de sustento fiscal y genera un impacto negativo en las cuentas públicas.

Adorni, durante su habitual conferencia de prensa, explicó que cualquier ajuste o bono adicional debe estar alineado con la meta de superávit fiscal que persigue el Gobierno. “En este momento, el contexto económico no permite un aumento adicional al bono de $70.000 ya establecido”, aclaró, dejando en claro que la prioridad del Gobierno es mantener la estabilidad fiscal.

El veto presidencial, publicado oficialmente en el Boletín Oficial bajo el decreto 782/2024, argumenta que la ley de Movilidad Jubilatoria es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente”, ya que no considera el impacto fiscal de la medida ni define claramente su fuente de financiamiento. Además, el Gobierno señaló que la ley presenta “graves deficiencias técnicas y operativas” que dificultarían su implementación.

La oposición y varias organizaciones sociales han criticado duramente el veto, argumentando que deja a los jubilados en una situación de vulnerabilidad en un contexto de alta inflación. Por su parte, el Gobierno defendió su decisión, argumentando que la ley vetada podría llevar a un incremento insostenible en el gasto previsional, lo que a su vez pondría en riesgo la recuperación económica del país.

El Ejecutivo estima que la implementación de la ley de Movilidad Jubilatoria hubiera significado un impacto fiscal de más de seis billones de pesos en 2024, y de unos 15 billones en 2025. Estos montos equivaldrían a un 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) proyectado para este año, y a un 1,64% para el año próximo, lo cual sería incompatible con las metas fiscales actuales.

Adorni también mencionó que, de aplicarse la ley, se prevé que el gasto previsional aumentaría un 18,5% en 2024 y un 29,2% en 2025, incrementos que, según el Gobierno, no son sostenibles sin comprometer otras áreas esenciales de la economía.

La noticia del rechazo generó una ola de manifestaciones en distintas partes del país. En la tarde de este miércoles, organizaciones piqueteras, encabezadas por el Polo Obrero, se movilizarán hacia Plaza de Mayo en protesta por lo que consideran un “ajuste brutal” sobre los sectores más vulnerables. El dirigente Eduardo Belliboni advirtió que la movilización será masiva y que no se descartan nuevos cortes de calles si no se atienden sus demandas.

En abril de este año, una marcha similar encabezada por el mismo sector intentó avanzar hacia el Ministerio de Capital Humano, pero fue detenida por las fuerzas de seguridad que aplicaron el protocolo antipiquetes. Esa manifestación terminó con más de 20 detenidos, y desde entonces, el Gobierno ha mantenido una postura firme contra los cortes de calles, afirmando que no permitirá que las protestas afecten el normal funcionamiento de la ciudad.

El veto a la ley de Movilidad Jubilatoria y la decisión de no aumentar el bono han puesto de manifiesto la difícil situación que enfrenta el Gobierno en su intento de equilibrar las demandas sociales con la necesidad de mantener un manejo fiscal responsable. Mientras tanto, los jubilados, uno de los sectores más golpeados por la crisis económica, siguen esperando respuestas concretas a sus necesidades.


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