A las 9 de la mañana de un 3 de noviembre soleado de 1995, la ciudad de Río Tercero, Córdoba, comenzaba a ser sacudida por tres explosiones consecutivas e intencionales en las instalaciones de la planta local de Fabricaciones militares. La onda expansiva llegó a 5 kilómetros de distancia, y tras las detonaciones, 30 mil proyectiles cayeron sobre hogares y patios de escuelas, además de las bombas de guerra que terminaron diseminadas por toda la ciudad. Las personas huyeron como pudieron, algunos llegando hasta pueblos vecinos. El saldo de este evento fue de siete muertes, 300 personas heridas y daños en infraestructura millonarios.
Este suceso fue destinado a encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia, según lo determinado tiempo después por el poder judicial.
A las 17 de ese día, el entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem se presentó en Río Tercero y en una conferencia de prensa afirmó: «se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes (los periodistas) tienen la obligación de difundir estas palabras.»
Sin embargo, 19 años después del hecho, en 2014, El Tribunal Federal 2 concluyó que la voladura del sector de la Fábrica Militar que se dedicaba a la producción y carga de proyectiles de guerra fue “intencional, programado y organizado”, con el objetivo de ocultar las maniobras de ventas ilegales de armamento a Croacia, que entre 1991 y 1995 el Estado argentino otorgó, a través de Fabricaciones Militares y con la planta de Río Tercero como centro operativo.
El fallo estableció la culpabilidad en un “aparato de poder” diseñado para lograr el ocultamiento de pruebas. Pero las condenas sólo se dirigieron a los mandos medios de esa presunta organización.
En este juicio fueron condenados por estrago doloso seguido de muerte Edberto González de la Vega, coronel retirado y director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión; Carlos Franke, coronel retirado y director de Producción de Fabricaciones Militares, a 13 años; Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero, a 13 años; y Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica a 10 años.
Una actriz clave para la investigación del juicio fue Ana Elba Gritti, la esposa de una de las siete víctimas fatales que dejaron las explosiones de 1995. Tras los hechos, ella se constituyó en la única querellante penal del caso y pudo demostrar, junto a sus abogados que la voladura no fue accidental. La mujer falleció en 2011, antes de que el Poder Judicial le diera la razón en su postura sobre el caracter intencional y programado del evento.
El ex-presidente, Carlos Menem fue beneficiado tras distintas apelaciones y absuelto en la causa de contrabando de armas a Ecuador y Croacia hace dos años. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba fijó como fecha el 24 de febrero de 2021 para el inicio del juicio oral y público donde Menem es acusado -como único imputado- de estrago doloso por su responsabilidad en estos hechos.
El juicio será complementario del que ya se concretó por la misma causa penal en 2014. La querella continuará siendo representada, como desde el origen de la causa, por los abogados Ricardo Monner Sanz, Aukha Barbero y Horacio Viqueira, en representación de las hijas de Ana Gritti.