Con el primer aniversario de la marcha más grande que la República de Chile transitó desde el inicio del bautizado estallido social ocurrido en 2019, el país consagró el aniversario con un contundente e histórico primer paso hacia la redacción de una nueva Constitución Política.
Cerca del 80% de los algo más de 7.000.000 de chilenos y chilenas que concurrieron a las urnas optaron por aprobar la sanción de una nueva Constitución, contemplando además que la misma sea elaborada por una Convención Constitucional, paritaria y electa de manera directa por la ciudadanía.
Después de algunas postergaciones propias a la pandemia, este domingo 25 de octubre algo más de 14.000.000 de chilenos fueron habilitados para decir presentes en el plebiscito de entrada constitucional, el primer paso para redactar y, eventualmente, sancionar una nueva Constitución Política.
Para esto, quienes decidieron formar parte del proceso (la participación en esta instancia fue optativa) respondieron a dos grandes preguntas:
- ¿Quiere usted o no una nueva Constitución? Apruebo o Rechazo.
- ¿Qué tipo de Órgano debería redactar la nueva Constitución? Convención Constitucional Mixta o Convención Constitucional.
Mientras que la participación fue considerablemente menor a la esperada (con el 95% de las mesas escrutadas el registro fue de 7.531.000 votos, es decir, un 50% del total de los votantes habilitados), la contundencia de los resultados no admite dudas:
Apruebo: 78,27% | Rechazo: 21,73%
Convención Constitucional Mixta: 20,82% | Convención Constitucional: 79,18%
Las consideraciones de que este será un largo camino marcan en el calendario que tras un gran primer paso dado en la jornada de ayer, la próxima instancia de elección para los algo más de 14 millones de chilenos será el 11 de abril del año próximo cuando, en sintonía con los pospuestos comicios regionales, seleccionen los integrantes de la Convención Constitucional.
Vale recordar que la Convención Constitucional va a estar compuesta por 155 representantes de la ciudadanía electos de manera directa en tanto quienes se postulen podrán ser apoyados por un partido político o bien presentarse como independientes, a través de la conformación de listas.
No obstante hay una tercera alternativa que es la de competir como independiente pero dentro de otro pacto. En este caso, el requisito, además de ser mayor de 18 años de edad y no tener una condena firme será el de no haber estado afiliado a algún partido político dentro de los últimos nueve meses.
Un candidato independiente requerirá de la firma de un grupo de ciudadanos independientes igual o superior al 0,4% de los que hubieran votado en el distrito electoral en la anterior elección de diputado. (Ejemplo: Si se postula en el distrito 10 de Chile donde participaron 469 mil personas en la última elección de diputados tendrá que juntar 1.877 firmas).
Los promotores de la Convención Constitucional plantean que (a contramano de la Mixta donde la mitad de los participantes hubieran sido legisladores nacionales) el Congreso no fue electo y conformado para redactar una Constitución, además de que esta instancia tendrá la paridad de género que fuera garantizada por ley desde marzo de este año.
Indistintamente de los nombres propios que resulten electos el 11 de abril del año próximo, la Convención funcionará por 9 meses, con la posibilidad de requerir una prórroga de 3, para luego presentar la Constitución redactada y dar lugar a la votación final.
Ese sería el plebiscito de salida, estimado para mediados de 2022 y cuya participación, a contramano del de este domingo último, es obligatoria.
El peso político y simbólico del plebiscito como instrumento consultiva tiene en la historia reciente chilena una importancia mayúscula.
Fue cuarenta años atrás bajo la dictadura de Augusto Pinochet se terminó por aprobar la Constitución vigente en tanto ocho años después se decidió finalizar la continuidad en el poder de ese mismo gobierno de facto.
Aunque una lectura más cercana a la realidad y lejana a la épica da cuenta de que lo que se jugó en el plebiscito de 1988 no fue la derrota del régimen sino la administración inmediata de ese proceso de transición democrática, dando forma y continuidad a las reglas del juego, al menos hasta hoy, vigentes.
La más concreta de esas continuidades fue la instalación casi inercial del capitalismo neoliberal como estructura económica nacional.
Fue este modelo el que al menos en una primera instancia dio resultados positivos frente a una sociedad que tras los 17 años pinochetistas estructuró la pobreza y la miseria como rasgos fundantes de la sociedad: el ingreso y consumo per cápita aumentaron, la inflación logró contenerse, el crecimiento fue sostenido y por encima de la media regional.
Sin embargo, muchos de estos indicadores macro son los que pierden en el número las profundas desigualdades que también se configuraron como parte estructural y necesaria de este ordenamiento económico.
En lo político, por su parte, persistieron los amarres que el propio artífice de la Constitución, Jaime Guzmán, explicara allá por 1979: “Es preferible crear una realidad que restrinja a quien gobierna a sus demandas. Es decir, si nuestros adversarios llegan al poder, se verán obligados a tomar acciones que no sean tan diferentes a las que nos gustaría”.
De este modo, pese a los constantes parches que se han realizado sobre la Constitución Política del país, continúan presentes instituciones como el Tribunal Constitucional, los quórum supra mayoritarios y fundamentalmente, la indecisión política de lograr desde lo normativo cambios sustantivos sobre las demandas de la ciudadanía.
Como señala Carolina Tohá, lo que ha hecho explotar a Chile es la incapacidad del sistema político de destrabar los debates que no tenían una salida en el marco de la institucionalidad vigente. La derecha estiró demasiado el chicle de las ventajas que le daba el sistema. Las fuerzas del centro y la izquierda, por su lado, nunca convocaron al electorado a dirimir ese conflicto, de hecho, nunca lo levantaron como un dilema central.