El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta resolvió por mayoría establecer una pena única para el exjuez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, tras unificar las dos condenas firmes que recibió por delitos cometidos durante su función judicial. El fallo no dispuso su libertad y dejó pendiente el tratamiento del pedido de la defensa.
La resolución fue adoptada por mayoría, con los votos de las juezas Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi, quienes fijaron una pena única de 16 años y seis meses de prisión. En disidencia, el juez Domingo José Batule propuso establecerla en 15 años.
De esta manera, Reynoso continuará cumpliendo prisión domiciliaria mientras se resuelve su situación. El tribunal supeditó el análisis del pedido de libertad al cómputo de la pena y a los informes de los organismos de seguimiento.
Durante la audiencia, el fiscal general Carlos Martín Amad había solicitado una condena unificada de 18 años, a partir de la suma de las dos penas: 13 años en la primera causa y cinco años en la segunda. Para fundamentar su postura, invocó la reforma del artículo 58 del Código Penal, introducida por la ley 27.785.
Por su parte, la defensa pretendía que la pena única fuera de 13 años y que se ordenara la inmediata libertad del exmagistrado. Como alternativa, planteó que una condena de hasta 15 años también permitiría considerar cumplido el requisito temporal para acceder a la libertad condicional.
La primera condena fue dictada el 24 de mayo de 2019 por el Tribunal Oral Federal N° 1, que le impuso 13 años de prisión por los delitos de concusión y prevaricato. La sentencia quedó firme el 29 de febrero de 2024, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inadmisible un planteo de su defensa.
En tanto, el 27 de agosto de 2024, el Tribunal Oral Federal N° 2 lo condenó a otros cinco años de prisión por cohecho pasivo, en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y concusión. En esa causa también fueron juzgados Delfín Castedo y Luciano Ciscato. La sentencia quedó firme el 14 de octubre de 2026, tras el rechazo de otra presentación ante la Corte Suprema.
Para establecer la pena única, la mayoría del tribunal aplicó la redacción del Código Penal anterior a la reforma de 2025, debido a que los hechos fueron cometidos antes de esa modificación. Además, utilizó el método composicional, que permite determinar una sanción conjunta mediante una valoración integral de los delitos y las circunstancias del condenado.
Entre los fundamentos para fijar los 16 años y seis meses, las juezas consideraron agravante que Reynoso hubiera utilizado su condición de magistrado y los recursos de la administración de justicia para cometer los delitos. También señalaron que las consecuencias de su accionar excedieron a las víctimas directas y afectaron a la institución judicial.
Como circunstancias favorables, tuvieron en cuenta su conducta posterior a las condenas, el cumplimiento de las reglas durante los períodos de prisión domiciliaria y libertad condicional, y el pago de la multa correspondiente a la primera causa.
El fallo también aclaró que la edad y el estado de salud pueden ser considerados al momento de resolver la modalidad de cumplimiento de la pena, pero no constituyen por sí solos motivos para reducir su duración.
Por último, la resolución mantuvo la inhabilitación especial para ejercer como magistrado durante 35 años y estableció una inhabilitación absoluta por el mismo tiempo que la condena de prisión. También fijó una multa de $90.000 y conservó la obligación de restituir $500.000 a cada uno de los dos damnificados.
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