El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) que envió hoy el presidente Alberro Fernández al Congreso establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14.
Además, el proyecto de ley que tratará primero la Cámara de Diputados habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá «el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo» bajo los parámetros del fallo FAL de la Corte Suprema.
Además, se señala que la práctica deberá llevarse a cabo «en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento», asegurándose el trato digno, la privacidad, la confidencialidad y la calidad durante el proceso.
A diferencia del proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto, el del Ejecutivo incluye la objeción de conciencia particular pero también descarta la objeción institucional.
En caso de aprobarse, el profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia pero deberá «mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión».
Además deberá derivar «de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones», «adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica» y «cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas».