Luego de la publicación de los datos sobre el desempleo, que llegó al 13,1% durante el segundo trimestre, el gobierno extendió por tercera vez la prohibición de despidos hasta el 30 de noviembre. Mediante el decreto 716, se inhabilita por el plazo de 60 días hábiles la desvinculación de la planta laboral por «fuerza mayor», «sin justa causa» o disminución de la demanda.
El texto firmado por el pleno de ministros y el presidente Alberto Fernández se oficializó este jueves, horas después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) revelera los datos del segundo tercio del año, y el de mayor impacto de la emergencia sanitaria por la pandemia: entre abril y junio se sumaron 72.000 nuevos desocupados en comparación al primer trimestre.
«Prorrógase la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 624/20», indica el documento oficial.
De esta forma, y al igual que en las dos normativas anteriores, quedan exceptuadas las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, como tampoco tendrá impacto en las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.
Además, las prohibiciones previstas no serán de aplicación en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran.
Para Héctor Daer, titular de la CGT, la inhabilitación se trata de una herramienta que permitió redoblar «esfuerzos en empresas que tienen una situación complicada para mantener a sus trabajadores adentro», sin embargo, reconoció en que «hubo casos en que lo inevitable fue inevitable».