A los 81 años, Levín, junto a su ex jefe de seguridad José Antonio Grueso y los ex policías provinciales Víctor Hugo Almirón y Enrique Víctor Cardozo, fueron considerados “prima facie” instigadores del delito de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos cometido en perjuicio de Miguel Ángel Rodríguez, Ciriaco Nolberto Justiniano, Juan Alberto Alonso, Rubén Héctor Vrh, Manuel Eugenio Modad, Carlos Lidoro Aponte, Sonia Rey, Jorge Arturo Romero, Aurelio Rada, Oscar Horacio Espeche, Sebastián Lindor Gallará, Carlos Horacio Pereyra, Jorge Francisco Delaloye, Emilio Borquez, Carlos Eugenio Bais y Norberto Bórquez.
La acusación sostiene que el empresario y los policías llevaron a cabo un plan criminal para eliminar la actividad sindical en la firma comercial. Esta es la conocida como «Causa Levín residual», ya que el empresario ya fue condenado por su participación en el terrorismo de Estado.
La Justicia también trabó un embargo sobre los bienes de Levin, hasta cubrir la suma de un millón doscientos mil pesos ($ 1.200.000). Por su parte, a fin de garantizar la pena pecuniaria y costas que pudieran recaer, se trabó embargo sobre los bienes de Víctor Hugo Almiron, Enrique Víctor Cardozo y José Antonio Grueso hasta cubrir la suma de seiscientos mil pesos ($ 600.000) en cada caso.