El Gobierno nacional irá a la Justicia para intentar frenar el fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones, que habilita las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y deja sin efecto el artículo N°2 del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado la semana pasada por el Poder Ejecutivo.
Por un lado, el presidente Alberto Fernández habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, y por otro avaló la presentación del Ministerio de Salud en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción.
El objetivo es validar la vigencia del DNU que, entre otras medidas, suspendió las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril.
El oficialismo afirma que la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño es un fallo a medida del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sostiene que se trata de una maniobra política y asegura que Juntos por el Cambio presionó para obtener esa medida.
«Es un estrago jurídico», sotuvo el presidente Alberto Fernández pocos minutos después de que se conociera el fallo. En declaraciones a El Destape, el mandatario dijo que «están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal» y señaló que el Gobierno «no está dictando medidas de política educativa», sino «medidas de política sanitaria en una pandemia».
En la misma línea se expresó el ministro de Justicia, Martín soria. «Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política», afirmó.
El funcionario dijo que el presidente «tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos» y remarcó que «no dictó políticas educativas». «Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos», subrayó.
«Una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales. Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política», completó.