La medida busca esclarecer posibles irregularidades en propiedades, activos financieros y transferencias de bienes, en el marco de una causa reabierta en diciembre de 2024.
La Justicia federal dispuso la realización de un peritaje contable exhaustivo sobre el patrimonio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una causa que investiga posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas entre 2009 y 2015.
Esta medida, solicitada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, busca esclarecer presuntas irregularidades en la evolución patrimonial de la exmandataria y su fallecido esposo, Néstor Kirchner.
La causa, previamente archivada por falta de pruebas, fue reabierta en diciembre de 2024 por la Cámara Federal porteña, tras una apelación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante. El tribunal consideró esencial realizar una pericia contable para arrojar luz sobre las posibles inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas de la exmandataria.
El peritaje se centrará en varios aspectos clave del patrimonio de la exmandataria:
– Propiedades inmobiliarias: se analizarán inmuebles en Río Gallegos y El Calafate, incluyendo un terreno de 87.000 metros cuadrados compartido con la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez.
– Activos financieros: se evaluará la correcta declaración de plazos fijos y depósitos en dólares, verificando su correspondencia con los registros bancarios.
– Transferencias y cesiones de bienes: se investigarán operaciones como la cesión de un terreno en El Calafate a Lázaro Báez y la inscripción de propiedades a nombre de Néstor Kirchner.
Este peritaje podría tener consecuencias significativas en el ámbito judicial y político argentino. Dependiendo de los resultados, la investigación podría avanzar hacia nuevas instancias judiciales, incluyendo eventuales citaciones o imputaciones por delitos como enriquecimiento ilícito o lavado de dinero.
La expresidenta enfrenta actualmente una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad. Esta sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y está pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia.