La carta de documento fue enviada desde el Ministerio de Seguridad e informa que se determinó cuál fue el costo total del Estado en el operativo antipiquetes.
A poco más de dos semanas de la protesta en Tribunales contra el DNU de Javier Milei, el Gobierno intimó al Sindicato de Camioneros a que pague 40 millones de pesos por los gastos del operativo desplegado durante la jornada del 27 de diciembre.
La carta de documento fue enviada desde el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, y detalla el costo total que implicó para el Estado en el desarrollo del operativo y cuáles fueron las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular.
Entre las mencionadas se encuentra la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalurgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica Y CTA AUTÓNOMA.
Tras hacer mención a cada una de ellas, el texto continúa: “En consecuencia, intimo a usted, en su carácter de apoderado del Sindicato de Camioneros, al pago solidario de $40.419.227,56, en el plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente”.
A poco más de dos semanas de la protesta en Tribunales contra el DNU de Javier Milei, el Gobierno intimó al Sindicato de Camioneros a que pague 40 millones de pesos por los gastos del operativo desplegado durante la jornada del 27 de diciembre.
La carta de documento fue enviada desde el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, y detalla el costo total que implicó para el Estado en el desarrollo del operativo y cuáles fueron las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular.
Entre las mencionadas se encuentra la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalurgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica Y CTA AUTÓNOMA.
Tras hacer mención a cada una de ellas, el texto continúa: “En consecuencia, intimo a usted, en su carácter de apoderado del Sindicato de Camioneros, al pago solidario de $40.419.227,56, en el plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente”.
A continuación, detalla: “(Es) en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público. Ello, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.
Según informaron desde el entorno de la CGT, los referentes del sindicato creen que esta carta de documento se hará extensiva a todos y cada uno de los movimientos mencionados en el escrito.
La sanción del Gobierno a quienes se movilizaron durante la última semana de diciembre, en oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por el Presidente a pocos días de asumir, había sido anticipado por la ministra de Seguridad en el marco de su protocolo antipiquetes.
La iniciativa -que fue una de las primeras comunicadas por Patricia Bullrich al ponerse al frente de la cartera- advertía que habría consecuencias para quienes motiven la movilización de las fuerzas para garantizar el orden público durante alguna manifestación.
“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, había dicho la funcionaria durante la presentación del plan.
“Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan”, explicó Bullrich en su anuncio, que complementó lo establecido por el protocolo de seguridad también propuesto por ella para organizar el cuidado de la vía pública.