El exjefe de Gabinete Manuel Adorni pidió una prórroga de 15 días para presentar el escrito con la justificación de sus bienes que le reclamó el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa en que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.
La fiscalía dijo que hay 43 millones de pesos de gastos por encima de los ingresos y unos US$400.000 cuyo origen no está corroborado.
El plazo original para presentar el escrito vencerá el próximo miércoles, pero el abogado de Adorni planteó en un escrito ante el juez federal Ariel Lijo la necesidad de posponer esa fecha.
Sostuvo la defensa a cargo de Matías Ledesma que no pudo aún compulsar documentación y archivos que el fiscal Policita mencionó en el requerimiento de justificación de bienes.
Ahora resolverá el juez Lijo. Puede previamente pedir opinión al fiscal, que viene llevando adelante la investigación. El 10 de agosto pasado, Policita intimó a Adorni a que brinde explicaciones sobre su crecimiento patrimonial.
“La intimación comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”, dice un pasaje del requerimiento de Pollicita.
El fiscal señala que hubo un “incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge” desde que él asumió en la función pública, el 14 de diciembre de 2023, hasta su renuncia, el 27 de junio pasado.
El requerimiento de 207 carillas no fue difundido a la prensa porque tiene datos bancarios y patrimoniales reservados. Fue elevado directamente al juez Lijo.
Si la justificación que presenta Adorni es considerada insuficiente por los investigadores, el funcionario deberá ser citado a indagatoria. El pedido de indagatoria puede hacerlo el fiscal, pero esa decisión -de llamarlo a declarar como acusado- la debe tomar el juez.
El requerimiento que presentó Pollicita se apoya en un informe técnico sobre la evolución patrimonial del exfuncionario realizado por un organismo especializado del Ministerio Público.
En su intimación, el fiscal enumeró 20 puntos que Adorni debería aclarar, entre ellos, el origen de los dólares declarados, las operaciones inmobiliarias y la trazabilidad del dinero.
Según informaron fuentes oficiales, la fiscalía detalló en su dictamen que Adorni cobró 35 sueldos en el período investigado, a los que se añaden los ingresos comprobados de su cónyuge.
Eso suma 229.752.283,20 pesos. En el mismo período, el grupo familiar afrontó gastos (incluidos tarjetas de crédito, seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes) por 272.820.832,20 pesos. Según la fiscalía, la diferencia es entonces de 43.068.549 pesos.
Pero además, Pollicita dijo que hay 402.578,12 dólares cuyo origen no está corroborado, que fueron destinados a la compra y refacción integral de la casa del country Indio Cuá, del departamento de Miró al 500 y de los muebles encargados para esos inmuebles.
El fiscal sostuvo que deberán explicarse “fuentes de financiamiento” tales como “los mutuos atribuidos a dos familiares, cuya concertación, efectiva entrega y evolución no han sido documentadas”, y los “ingresos exentos, herencias y donaciones a los que se atribuye capacidad explicativa respecto de una parte del incremento patrimonial”.
También deberá explicarse la intervención de “personas del entorno en la adquisición de bienes o en la realización de pagos por cuenta del requerido”, dijo Pollicita. Este punto alude a las compras que Adorni hizo con tarjetas de crédito de empleados del Gobierno que trabajaban a sus órdenes.
El fiscal también pidió que Adorni justifique “la operatoria con criptoactivos”, que no había incluido en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.