El convenio fue aprobado mediante el Decreto 493 y publicado este martes en el Boletín Oficial. Tras compensar créditos entre ambas jurisdicciones, Salta tiene que devolver $265.914 millones, principalmente por un anticipo financiero recibido este año. El acuerdo también implica abandonar tres causas judiciales contra Nación, entre ellas la iniciada por la suspensión del incentivo docente.
El Gobierno de Salta formalizó un acuerdo con Nación que reordena una deuda superior a los $265 mil millones y establece un nuevo cronograma de pagos hasta fines de 2027. El convenio, aprobado mediante el Decreto 493, fue publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia y se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), creado para compensar deudas y créditos entre el Estado nacional y las provincias.
De acuerdo con la documentación oficial, Salta reconoce obligaciones con Nación por $267.782.530.505,63. La mayor parte corresponde a un anticipo financiero de $259 mil millones, al que se agregan $7.986 millones en intereses calculados hasta el 29 de julio y otros $796,3 millones vinculados a fondos no rendidos del Fondo Federal Solidario.
A su vez, el Estado nacional reconoce una deuda con Salta por $1.868.473.048,25, correspondiente a un acuerdo de colaboración en materia de obras públicas de vivienda. Al compensarse los montos de ambas jurisdicciones, el saldo definitivo quedó en $265.914.057.457,38 a favor de Nación.
Un nuevo esquema para devolver el anticipo
El entendimiento modifica los plazos originalmente previstos para devolver el auxilio financiero otorgado por Nación. Durante 2026, la Provincia deberá cancelar $77.700 millones en cuatro cuotas mensuales de $19.425 millones, con vencimientos entre agosto y noviembre.
En diciembre se sumará un pago por $7.986.164.383,56, equivalente a los intereses acumulados hasta fines de julio. Además, deberán abonarse los intereses que se generen desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de este año, calculados con una tasa nominal anual del 15%.
La parte más importante de la deuda quedará para 2027. El convenio establece que $180.227.893.073,82 serán cancelados en siete cuotas mensuales, iguales y consecutivas, desde junio hasta diciembre del próximo año. Cada pago rondará los $25.746 millones.
Ese capital continuará generando intereses desde el 1 de enero de 2027, también con una tasa nominal anual del 15%. Los intereses correspondientes a ese período deberán pagarse mensualmente.
Los pagos se descontarán de la coparticipación
Otro aspecto central del convenio es la forma en que Nación cobrará la deuda. Tanto las cuotas de capital como los intereses serán descontados directamente de los recursos de coparticipación federal de impuestos que corresponden a Salta.
De esta manera, el acuerdo no contempla transferencias voluntarias de la Provincia en cada vencimiento, sino retenciones sobre los fondos nacionales que Salta recibe periódicamente por el régimen de coparticipación.
El convenio establece además que la Provincia deberá remitir periódicamente al Ministerio de Economía nacional información sobre sus cuentas públicas. Entre los datos requeridos figuran presupuesto, ejecución de ingresos y gastos, deuda, situación del Tesoro, saldos bancarios, personal, transferencias, financiamiento a municipios y características de los avales otorgados.
Salta desiste de tres causas contra Nación
Como parte de las condiciones del acuerdo, la Provincia también desiste de la acción y del derecho en tres procesos judiciales iniciados contra el Estado nacional.
Entre ellos se encuentra el expediente presentado ante la Corte Suprema por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una de las disputas que Salta había llevado a la Justicia luego de que la administración nacional dejara de transferir esos recursos.
La causa había sido iniciada en 2024 contra los ministerios de Economía y de Capital Humano. En aquel momento, el Gobierno provincial reclamó por la interrupción de fondos que tenían impacto directo sobre los salarios docentes y que representaban alrededor de $1.600 millones mensuales, según había informado entonces el Ministerio de Educación salteño.
El desistimiento también alcanza a dos actuaciones judiciales iniciadas en 2019 contra el Estado nacional por las modificaciones dispuestas en los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA), medidas que las provincias habían cuestionado por su efecto sobre los recursos coparticipables.
Así Salta redefinió su relación financiera con Nación: obtiene un plazo mayor para cancelar el anticipo recibido durante 2026, pero a cambio asume una deuda que seguirá generando intereses, habilita su cobro mediante la coparticipación y pone fin a reclamos judiciales que mantenía abiertos contra el Gobierno nacional.
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