La citación apunta a esclarecer si el dinero ingresó a través de un contrato simulado con una empresa minera y cuál habría sido su destino, en el marco de la investigación que también involucra al empresario detenido.
Este martes, el economista y exdiputado José Luis Espert presentó un escrito y se negó a comparecer ante el fuero federal de San Isidro en el marco de una investigación que busca determinar el origen y destino de una transferencia de 200 mil dólares.
La estrategia del exlegislador nacional tuvo lugar por consejo de su defensa, que le indicó que se reservara su declaración y presente, en su lugar, un escrito con documentación respaldatoria, además de solicitar que el juez reasuma la conducción de la investigación.
Los abogados defensores del economista, en el comunicado, sostuvieron que la transferencia investigada respondió a “un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan” al exdiputado.
En la documentación de respaldo al escrito se presentaron once correos electrónicos intercambiados en 2019 para respaldar esa versión y pidió que esa prueba sea producida en forma directa por el juez.
El caso pone el foco en un acuerdo de asesoramiento con una compañía minera radicada en Guatemala que, según la fiscalía, no habría tenido una contraprestación real.
Para los investigadores, ese contrato habría funcionado como una vía para justificar el ingreso de dinero vinculado a Federico “Fred” Machado, quien luego reconoció maniobras de lavado y fraude en la justicia norteamericana.
La pesquisa intenta reconstruir el recorrido de esos fondos, que habrían sido utilizados para adquirir bienes de alto valor y estructurar instrumentos financieros en la costa bonaerense. En paralelo, se analiza la relación previa entre ambos, que incluyó apoyo logístico a la campaña presidencial de Espert en 2019.
La citación fue impulsada por el fiscal Fernando Domínguez y quedó bajo la órbita del juez Lino Mirabelli. La defensa había solicitado una prórroga para estudiar el expediente antes de la indagatoria.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois durante la campaña de 2023. Meses después, se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas al dirigente, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación.
En la causa también fueron convocados otros involucrados, entre ellos su contador y una sociedad comercial que aparece en la operatoria bajo análisis