El exintendente fue hallado culpable de peculado y negociaciones incompatibles. También condenaron a otros dos exfuncionarios y ordenaron detenciones.
Un tribunal colegiado condenó al exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza, a siete años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa por delitos contra la administración pública.
La sentencia se conoció tras las instancias finales del juicio, donde se lo encontró responsable de cinco hechos de peculado y uno de negociaciones incompatibles con la función pública, todos en concurso real. En primera instancia, la pena fue fijada en cinco años de prisión efectiva, pero el tribunal revocó una condena condicional previa y unificó ambas sanciones en siete años de cumplimiento efectivo.
Además, los jueces dispusieron su detención inmediata junto a la del exsecretario de Hacienda Rogelio Higinio Guaymás, quien fue condenado a cinco años de prisión efectiva por cinco hechos de peculado. Ambos fueron trasladados a la Unidad Carcelaria 1, donde permanecerán alojados a disposición del tribunal.
Por su parte, el concejal Aldo Dalmiro Gonza, hermano del exintendente, fue condenado a tres años de prisión condicional como partícipe necesario de un hecho de peculado. Deberá cumplir reglas de conducta durante tres años, entre ellas fijar domicilio, someterse a control judicial y no cometer nuevos delitos, bajo apercibimiento de revocarse el beneficio.
En el fallo, el tribunal —integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello— también hizo lugar a un recurso de casación presentado por la defensa de Guaymás, el cual será analizado por el Tribunal de Impugnación.
Asimismo, se ordenó remitir actuaciones al Ministerio Público Fiscal para investigar un posible falso testimonio durante el juicio y otros hechos que podrían constituir delitos de acción pública y que surgieron en el debate.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el actual intendente de San Lorenzo, quien, tras asumir su primer mandato, impulsó una auditoría externa sobre la gestión anterior. El informe detectó numerosas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Según la investigación, los exfuncionarios habrían administrado de manera discrecional los recursos municipales, incumpliendo normativas del sistema financiero y de gestión pública, lo que habría provocado un grave perjuicio al erario municipal. También se señaló la falta de rendición de cuentas al finalizar la gestión.
Durante el proceso, la fiscal penal Claudia Geria, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), sostuvo que la investigación se desarrolló con apego a la legalidad y que la prueba incorporada —documental, pericial y testimonial— no fue desvirtuada por las defensas.
El caso marca uno de los fallos más relevantes en materia de delitos contra la administración pública en la provincia en los últimos años.
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