La medida de protesta se realiza junto a más de un centenar de detenidos que reclaman quedar incluidos en la amnistía aprobada por el chavismo, mientras familiares denuncian violaciones a los derechos humanos.
El caso del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo sumó un nuevo capítulo de tensión diplomática y humanitaria. Según denunció su esposa, el agente inició una huelga de hambre dentro del penal venezolano El Rodeo I, en las afueras de Caracas, para exigir su liberación tras más de un año detenido.
La información fue difundida por María Alexandra Gómez, quien afirmó que la medida es compartida con otros internos que también reclaman quedar incluidos en la reciente Ley de Amnistía impulsada por el régimen chavista.
El representante argentino permanece privado de su libertad desde el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó ingresar a territorio venezolano para visitar a su familia en la zona fronteriza con Colombia.
En un mensaje publicado en redes sociales, la mujer apuntó directamente contra las autoridades penitenciarias y políticas: “lo que están haciendo cruzó el límite de los inhumano”.
Además, escribió: “Responsabilizo a Martinez Rangel quién es el director del recinto, lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes sólo es responsabilidad de usted y sus custodios. A la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, al Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, dejen de jugar con la ilusión y expectativa de nosotros y de Nahuel. Nahuel es inocente y tiene que ser liberado YA”.
También reclamó intervención internacional y cuestionó la falta de respuestas: “¿Que está haciendo la ONU con respecto a la violación constante de los Derechos Humanos y Fundamentales? Nahuel Agustín Gallo tiene 441 días en Desaparición Forzada, una huelga de hambre agravada muchísimo más está situación. BASTA, LIBÉRENLO YA”.
De acuerdo con el director del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, la protesta no es un hecho aislado. “aproximadamente 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo I. Estamos intentando verificar la situación”, indicó, citando testimonios de familiares.
La activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, agregó que entre los detenidos hay militares, civiles y extranjeros: “En su mayoría son militares, pero también hay civiles y extranjeros. Todos exigen libertad“.
Los reclamos se concentran en la aplicación parcial de la amnistía aprobada por el Parlamento chavista. Romero sostuvo que excluir a determinados sectores resulta arbitrario: “Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias”.
Mientras tanto, familiares de los detenidos mantienen vigilias desde hace más de un mes y medio frente a distintos centros de detención. En declaraciones recogidas por AFP, denunciaron demoras y falta de información oficial.
“¡Queremos irnos a nuestras casas, queremos irnos a nuestros hogares!… ¡¿Hasta cuándo tanto abuso de poder? Libérenlos, todos son inocentes!“, reclamaron. Yessy Orozco, hija de un preso, afirmó: “El perdón nos lo tienen que pedir ellos a nosotros que nos han secuestrado, que nos han robado, que han violado todos nuestros derechos humanos, ya basta de tanto abuso, de tanta tortura allá adentro y acá afuera”.
El penal permanece con acceso restringido y sin visitas familiares. Según los testimonios, las autoridades no brindan información sobre la situación de los internos.
La Ley de Amnistía fue presentada por el oficialismo como una medida para liberar detenidos por motivos políticos desde 1999 hasta 2026. El diputado Jorge Arreaza informó que la Fiscalía elevó 379 solicitudes ante los tribunales, la mayoría en Caracas, y aseguró que las excarcelaciones debían concretarse en un corto plazo.
Por su parte, la presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió “celeridad” en la revisión de los casos pendientes y defendió la norma como “un paso hacia una Venezuela más democrática, más justa, más libre”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos estiman que al menos 400 detenidos —entre ellos Gallo— continúan fuera del beneficio.