De cara al debate en el Congreso, los mandatarios provinciales aceptan discutir el proyecto impulsado por el Gobierno, pero advierten que no habrá aval automático.
A pocas semanas de que el Gobierno intente avanzar con la reforma laboral en el Congreso, los gobernadores comenzaron a endurecer su posición y dejaron en claro que el respaldo a la iniciativa de Javier Milei no será gratuito.
Si bien la mayoría coincide en que el actual esquema laboral necesita cambios, también advierten que no están dispuestos a convalidar un proyecto sin modificaciones ni tiempos de discusión adecuados.
La Casa Rosada apunta a tratar la reforma durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero. Sin embargo, el escenario legislativo obliga al oficialismo a abrir una negociación fina con las provincias, que concentran un número clave de votos tanto en Diputados como en el Senado. En ese contexto, los mandatarios buscan recuperar protagonismo y condicionar el avance del proyecto.
Desde varias gobernaciones admiten que existe consenso en la necesidad de modernizar el régimen laboral, especialmente para reducir la informalidad y aliviar la carga sobre las pequeñas y medianas empresas.
“Algo hay que cambiar, pero no cualquier cosa ni de cualquier manera”, sintetizó un dirigente cercano a un gobernador que mantiene diálogo fluido con el Ejecutivo nacional.
Uno de los reclamos centrales es manejar los tiempos del debate. Los mandatarios rechazan una discusión exprés y pretenden analizar el texto “tema por tema”, con especial atención al impacto que pueda tener en el empleo, la recaudación provincial y los sectores productivos locales.
En ese sentido, advierten que no aceptarán presiones ni condicionamientos ligados a fondos discrecionales o asistencia financiera.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro hizo saber que acompaña la idea de una reforma enfocada en las pymes, pero con resguardos para no precarizar el empleo. Una posición similar expresaron desde Córdoba, donde Martín Llaryora apuesta a una negociación gradual y sin compromisos anticipados. “No tenemos apuro”, remarcan desde su entorno.
También en Catamarca, el gobernador Raúl Jalil se mostró dispuesto a debatir la iniciativa, aunque aclaró que serán los legisladores quienes definan la postura final. En paralelo, otros mandatarios del norte y del litoral evalúan el impacto de la reforma en economías regionales sensibles, donde el empleo informal es alto pero la actividad privada tiene márgenes acotados.
Para el Gobierno, el desafío será articular consensos sin diluir el corazón de la reforma. El ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de la rosca política con las provincias y retomó una agenda intensa de reuniones y recorridas para acercar posiciones. La estrategia oficial combina diálogo político, promesas de equilibrio fiscal y el argumento de que sin cambios estructurales no habrá crecimiento sostenido.