La UTA exige la aplicación de la nueva escala salarial, que implicaría un costo adicional de $520 millones. El Gobierno busca evitar la medida en medio de un sistema tensionado.
El sistema de transporte público en Salta atraviesa un momento crítico ante la amenaza de un paro de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a partir del 8 de abril, en caso de que no se abonen los salarios con el aumento acordado a nivel nacional.
El reclamo gremial implica para la empresa SAETA un costo adicional cercano a los $520 millones mensuales, lo que profundiza la tensión en un esquema que ya se encuentra exigido por el aumento de costos y la falta de subsidios nacionales.
Según trascendió, la nueva escala salarial elevaría significativamente los ingresos de los choferes. El básico pasaría de $1.370.000 a $1.425.533, mientras que los viáticos subirían y se sumaría un monto no remunerativo de $120.000, llevando el salario inicial a alrededor de $1.950.000 sin antigüedad.
Desde la UTA endurecieron su postura y ratificaron la medida de fuerza, denunciando falta de diálogo con la empresa y cuestionando a sus autoridades. Incluso, señalaron que no hubo contactos para resolver el conflicto y pusieron en duda la voluntad de negociación por parte de SAETA.
El conflicto se da en un contexto complejo para el sistema de transporte: la Provincia cubre cerca del 60% de los costos operativos, mientras que el resto depende de la recaudación del boleto. A esto se suma la caída en la cantidad de pasajeros y el impacto de las gratuidades, ya que uno de cada dos usuarios no abona el pasaje.
En paralelo, desde el sector empresarial sostienen que no existe una negativa a pagar los aumentos, sino dificultades reales para afrontar de manera inmediata el nuevo esquema salarial.
Con este escenario, las próximas horas serán clave. Las negociaciones entre el Gobierno provincial, la empresa y el gremio se intensifican con el objetivo de evitar la paralización del servicio, que afectaría a miles de usuarios en toda el área metropolitana.
Fuente: El Tribuno