El documento destacó que la falta de datos precisos limita el diseño de políticas efectivas y la implementación de programas de inclusión. Además, advierte sobre la necesidad de mejorar la metodología de los censos y encuestas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que Argentina enfrenta serias dificultades para contar con información confiable sobre personas con discapacidad, una situación que limita la implementación de políticas públicas inclusivas y efectivas. El alerta se dio a conocer a través de un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que analiza la calidad de las estadísticas en la región y propone mejoras para la recolección de datos.
Según la especialista Sabrina Juran, asesora en población y desarrollo del Unfpa, “la visibilidad estadística de las personas con discapacidad es un elemento fundamental para el diseño de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y la inclusión plena en la sociedad”. En este sentido, el informe subraya que la falta de información robusta dificulta comprender la magnitud real del fenómeno y las barreras que enfrentan quienes viven con alguna discapacidad.
Uno de los principales problemas señalados por el estudio es la forma en que se realizó el Censo Nacional de Población 2022. A diferencia de censos anteriores, no se incluyó directamente la pregunta sobre discapacidad, sino que se utilizaron términos como “limitaciones” o “dificultades”. Esta decisión, según el informe, impide tener cifras exactas sobre cuántas personas en Argentina presentan algún tipo de discapacidad, dificultando la comparación con datos internacionales y locales anteriores.
En 2010, el censo había revelado que aproximadamente el 12,9% de la población argentina tenía algún tipo de discapacidad. Tomando esta referencia y los estándares internacionales, se estima que actualmente más de seis millones de argentinos podrían estar afectados por alguna condición de discapacidad, aunque la ausencia de datos recientes y confiables genera incertidumbre.
El informe también señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2022 únicamente registró la cantidad de personas con discapacidad en los hogares, sin indagar en sus características, necesidades específicas o barreras para el acceso a derechos básicos como educación, empleo y salud. La falta de armonización metodológica entre censos y encuestas limita la posibilidad de elaborar políticas públicas que respondan a la realidad de esta población.
Entre las recomendaciones del estudio se incluyen la adopción de las pautas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad (GW), que sugieren la inclusión de preguntas con respuestas graduadas, permitiendo medir la intensidad de las limitaciones funcionales. Asimismo, se destaca la necesidad de involucrar a organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y difusión de los cuestionarios, y de capacitar a los encuestadores para garantizar un proceso respetuoso y accesible para todos.
El documento resalta el ejemplo de Chile, que implementó las recomendaciones del GW en su Censo 2024 y en la Encuesta CASEN 2022, captando la diversidad de limitaciones en seis dominios: visión, audición, movilidad, cognición, autocuidado y comunicación. Este enfoque integral permitió no solo contar a las personas con discapacidad, sino también conocer las barreras sociales y culturales que enfrentan, sirviendo de referente para la región.
En Argentina, la situación actual ha generado tensión entre el Estado, prestadores y familias de personas con discapacidad. Diversas agrupaciones anunciaron nuevas movilizaciones frente al Congreso, reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la asignación de fondos adecuados para garantizar derechos básicos y programas de inclusión.
El informe concluye que, mientras persista un enfoque parcial o basado únicamente en limitaciones individuales, la planificación de políticas seguirá siendo incompleta. La información estadística confiable no solo permite diseñar programas más eficientes, sino que también fortalece la visibilidad y el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos.