La medida fue tomada por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca y a se aplicará en todo el país.
El Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer “todas las pensiones suspendidas sin acto administrativo previo” en todo el país. La medida fue dispuesta al hacer lugar a una acción de amparo colectivo impulsada por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones no contributivas y el Defensor del Pueblo provincial.
La demanda colectiva se había presentado para cuestionar la implementación de auditorías médicas, dispuestas a partir del edicto 19.437/25, y denunciaba que, desde julio, una gran cantidad de beneficiarios fueron notificados de la baja de sus pensiones de manera defectuosa, a través de un “lenguaje técnico” y “sin permitir el ejercicio adecuado del derecho de defensa”.
En su resolución, el juez Guillermo Díaz Martínez dictaminó que las pensiones no contributivas constituyen “propiedad de sus titulares” y que su suspensión solo puede ocurrir mediante un procedimiento legal que garantice el debido proceso y la defensa en juicio.
El magistrado enfatizó la obligación estatal de motivar de modo suficiente sus decisiones, especialmente cuando se ven afectadas “la salud y la subsistencia de las personas con discapacidad”.
El fallo detalló que la Administración “cesó o dio de baja pensiones no contributivas por discapacidad sin acto administrativo previo, lo que implicó de su parte un mero comportamiento material, gravemente ilícito y lesivo de derechos y garantías fundamentales”.
El juez concluyó que, por lo tanto, la urgencia de su invalidación y el consecuente “restablecimiento del goce de pensiones por el colectivo afectado resulta a esta altura incuestionable”.
Las organizaciones mencionaron que, por un lado, hay una investigación en la ANDIS por un presunto esquema de coimas y desvío de fondos. Por el otro, el Gobierno intenta frenar mediante una recusación un amparo colectivo presentado en Campana contra el decreto presidencial que suspendió la Ley de Emergencia de Discapacidad, lo que, según las familias, “demora todo” el proceso.