La decisión fue del juez Martín Cormick, en plena feria judicial, y sigue a una orden previa de otro magistrado para que Capital Humano mantenga los planes de alimentos vigentes.
El juez en lo contencioso administrativo federal, Martín Cormick, decidió que el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, debe informar en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará el derecho a la alimentación de las personas que asisten a comedores populares.
El fallo, al que tuvo acceso Infobae, establece: “Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”.
Esta resolución hace referencia a la medida cautelar emitida por el juez Walter Lara Correa, quien aceptó un recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El recurso buscaba garantizar el derecho a la alimentación en los comedores populares.
El juez Cormick también indicó que “el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes. Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras”.
Para el Gobierno, la resolución del juez Lara Correa “reconoce el trabajo que se viene realizando” desde el Ministerio de Capital Humano. Según la cartera a cargo de Sandra Pettovello, “los argumentos por los cuales el juez hizo lugar a la medida podrían ser utilizados para rechazarla. Se validó la implementación actual de los planes y programas y se admite que las medidas tomadas por la gestión anterior deben ser revisados, auditados y reestructurados, como así también reconoce la ejecución presupuestaria de los programas vigentes”.
La semana pasada, el juez Cormick habilitó la feria judicial para tramitar la causa, y este lunes estableció un plazo para que el Ministerio de Capital Humano presente un informe. “En el caso median circunstancias suficientemente excepcionales al efecto para tener por configurada la urgencia exigida para habilitar la feria judicial”, argumentó el magistrado.
La causa se inició a principios de año, cuando las organizaciones denunciaron la discontinuación de la entrega de alimentos a comedores y merenderos, y reclamaron la continuidad de las políticas sociales. El expediente se convirtió en un amparo colectivo, invitando a las organizaciones a sumarse.
Paralelamente, Juan Grabois presentó una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Pettovello, acusándola de no entregar alimentos. En esta investigación, se descubrió que el gobierno tenía casi 5 toneladas de comida almacenada en dos galpones en Buenos Aires y Tucumán. El juez federal Sebastián Casanello ordenó la presentación de un plan para la distribución de los alimentos, muchos de los cuales estaban próximos a vencerse.
El fallo de Casanello fue apelado por el Ministerio de Capital Humano y ratificado por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal. El gobierno llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la distribución de alimentos es una decisión política que no debería ser judicializada.