La Justicia apunta a cuatro personas que están relacionadas con productoras audiovisuales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
El juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona atraviesa un momento crítico debido a la aparición de un documental clandestino que se habría estado filmando durante las audiencias sin el consentimiento de las partes involucradas. Sorprendentemente, esta grabación contaba con la autorización exclusiva de la jueza Julieta Makintach, quien no informó a los demás actores del proceso.
Ante esta situación, la justicia de San Isidro inició una causa penal paralela y ordenó seis allanamientos en domicilios particulares y productoras audiovisuales. Los operativos, realizados en el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires, tienen como objetivo recolectar pruebas que permitan esclarecer el motivo de las grabaciones y localizar el material filmado.
La investigación, a cargo de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, apunta a cuatro personas que habrían estado presentes en las audiencias realizando las filmaciones. Se trata de dos hombres y dos mujeres, de los cuales tres ya fueron identificados. Los hombres estarían vinculados a las productoras audiovisuales La Doble S.A., ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, y Feel Co., en Villa Martelli.
La jueza Makintach admitió haber autorizado el ingreso de estas personas para realizar las grabaciones, a pesar de que estaba prohibido y sin informar a las demás partes. Además, se descubrió que los involucrados negaron en audiencia estar realizando un documental, alegando ser simples curiosos, lo que añade más interrogantes al caso.