El plan del Ejecutivo es que el sistema comience a ser utilizado cuando la desaceleración inflacionaria esté consolidada y el IPC tienda a cero.
El Gobierno planea implementar el nuevo mecanismo para medir la inflación a partir del segundo semestre de 2026, bajo la condición de que se consolide la baja de la inflación y se recomponga la demanda de dinero.
La decisión de postergar la actualización, tomada en conjunto por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, busca evitar cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Según fuentes oficiales, el objetivo es eludir sospechas de manipulación.
Desde la Casa Rosada desmintieron versiones que indicaban que el nuevo esquema arrojaba una inflación mayor para enero, asegurando que, por el contrario, el cálculo daba un décimo abajo del índice actual.
El equipo económico anticipa que el número de enero se ubicará en torno al 2,5%, en sintonía con las proyecciones privadas, y prevé una desaceleración aún mayor para febrero. En este contexto, el Ejecutivo optó por mantener la metodología vigente unos meses más para reforzar la expectativa de una desinflación consolidada antes de introducir cambios técnicos.
La actualización prevista no modifica la metodología de cálculo, sino que renueva la canasta de consumo tomando como referencia la encuesta de hogares 2017/2018 en lugar de la actual, basada en datos de 2004/2005.
Este recambio reduce el peso de alimentos y bebidas, mientras aumenta la incidencia de servicios como vivienda, tarifas, transporte y comunicaciones. En la práctica, esto implica que el nuevo índice reflejaría con mayor fuerza la recomposición tarifaria, pero sería menos sensible a las subas puntuales de ciertos bienes de consumo básico.
El presidente Javier Milei ratificó su optimismo respecto al programa monetario y expresó que “para la mitad del año que viene o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero”.