La decisión fue confirmada por Manuel Adorni, quien aseguró que se trata de una medida de ajuste para reducir gastos. Se eliminará el 40% de la estructura.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva reestructuración del Estado: este miércoles por la mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que la Secretaría de Derechos Humanos dejará de existir como tal y pasará a convertirse en una subsecretaría dentro del organigrama del Ministerio de Justicia. La medida, que incluye un recorte del 40% de la estructura y el despido del 30% del personal, fue justificada como parte del plan de ajuste fiscal del Ejecutivo.
“El cambio implica un ahorro de 9.000 millones de pesos”, afirmó Adorni durante su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada. El portavoz no solo hizo énfasis en el ahorro, sino que además envió un mensaje político al destacar que ahora “se van a encargar de defender todos los derechos humanos y no van a defender los intereses de un sector partidario e ideológico”.
La secretaría, que estuvo históricamente vinculada a organizaciones de derechos humanos alineadas con el kirchnerismo, había sido objeto de críticas por parte de sectores del oficialismo que la acusaban de actuar con sesgo político. La decisión del Gobierno de Javier Milei busca, en palabras del vocero, “desideologizar” áreas sensibles del Estado y reducir el gasto público.
El anuncio se da en el marco de una segunda etapa del “Plan Motosierra”, que apunta a reducir la estructura del Estado mediante la eliminación de cargos, direcciones y secretarías que —según el Gobierno— “no cumplen funciones esenciales”.
Adorni también anticipó que se llevarán adelante “el cierre, la centralización y la fusión de distintos organismos dependientes de la Secretaría de Cultura”, otra de las áreas que será objeto de recortes. Aunque no brindó detalles sobre cuáles serán los entes fusionados o eliminados, sí aseguró que se continuará con el “proceso de reordenamiento del sector público”.
El vocero volvió a remarcar que las medidas que se están aplicando no solo buscan reducir el déficit fiscal, sino también “ordenar la estructura del Estado que fue ampliada artificialmente durante años para sostener un sistema clientelar y político”.
La Secretaría de Derechos Humanos, bajo gestiones anteriores, había sido blanco de polémicas por la utilización de recursos públicos en actividades que, según sectores opositores, tenían una impronta más ideológica que institucional. La gestión libertaria ya había desactivado programas vinculados a la temática de género, pueblos originarios y memoria histórica, y ahora suma este nuevo recorte como parte de su reestructuración general.
En redes sociales, funcionarios del oficialismo celebraron la decisión. “Se termina la mentira de los organismos colonizados por la militancia. Los derechos humanos no tienen dueño”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter) un legislador de La Libertad Avanza.
La noticia generó repercusiones en organismos de derechos humanos, quienes calificaron la medida como “un retroceso institucional” y denunciaron un “vaciamiento”. Desde el CELS y Abuelas de Plaza de Mayo ya anticiparon que convocarán a una conferencia de prensa para expresar su rechazo.
Mientras tanto, el Gobierno sigue firme en su política de recorte. Adorni dejó en claro que “no hay marcha atrás”: “Vinimos a terminar con los privilegios y el despilfarro. El que no lo entendió, se va a quedar afuera del futuro”.