Se derogó una norma vigente desde 1993 que regulaba los aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada. Según indicaron, buscan “favorecer un entorno más propicio” para su administración y otorgar libertad para fijar precios según el mercado.
El Gobierno oficializó, mediante el Decreto 787/2025 publicado este martes, la derogación del Decreto 2417/1993, que durante más de treinta años reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada.
La decisión elimina la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar las cuotas y matrículas, cambiando el esquema de control estatal sobre los precios en la educación privada.
Según los considerandos, la norma derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
El Ejecutivo argumenta que, tras la transferencia de competencias educativas a las provincias, “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada”.
El texto advierte que la intervención estatal “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”, al restringir la capacidad de los colegios para ajustar sus precios ante la inflación o el aumento de costos.
Además, señala que el sistema de control “perjudica a las familias”, al impulsar aranceles más altos por la incertidumbre regulatoria.
El decreto también invoca el derecho de propiedad y la “libertad de fijar condiciones de contratación”, e instruye al Ministerio de Capital Humano a revisar el marco vigente para garantizar la libre competencia y la sostenibilidad del sector educativo privado.