El abogado laboralista Julián De Diego reveló detalles del anteproyecto oficial que impulsa el Gobierno. La iniciativa prevé cambios en contratos, jornada laboral, derecho de huelga y sistemas de indemnización.
El debate sobre la modernización laboral en Argentina comienza a tomar forma. Mientras el Gobierno ultima los detalles del proyecto que será enviado al Congreso, el abogado laboralista Julián De Diego —quien participó en consultas con el equipo técnico— brindó precisiones sobre el contenido del borrador. Según adelantó, la propuesta oficial incluirá cerca de 90 artículos con cambios que abarcan desde los contratos laborales hasta el derecho de huelga, con el propósito de actualizar una legislación que lleva más de medio siglo vigente.
En diálogo con Radio Mitre, el experto explicó que el texto “apunta a darle una bocanada de aire fresco a la Ley de Contrato de Trabajo”, al introducir figuras más flexibles y compatibles con las nuevas dinámicas del mercado laboral. “Los artículos van desde los contratos hasta el derecho de huelga, desarrollan el concepto de salario dinámico y modifican el régimen de jornada para facilitar el banco de horas. La ley actual tiene cincuenta años y necesita modernizarse”, aseguró.
El abogado aclaró que el borrador mantiene los derechos fundamentales de los trabajadores, y rechazó las versiones que plantean que la reforma eliminaría indemnizaciones o recortaría garantías sindicales. “Eso es un disparate total. Los detractores del Gobierno no tienen buena información. Este proyecto no elimina derechos, los actualiza y mejora las condiciones de trabajo”, remarcó.
Uno de los aspectos destacados es la incorporación del criterio del “fallo Vizzotti” de la Corte Suprema, que en 2004 declaró inconstitucional el tope indemnizatorio por despido sin causa. De Diego afirmó que el proyecto contempla ese precedente y garantiza que ningún trabajador cobre menos del 67% de lo que le correspondería sin el tope.
En cuanto a la jornada laboral, el borrador mantiene el límite de 48 horas semanales y 8 diarias, aunque introduce un esquema de “promedio” que permite reorganizar los horarios según las necesidades de cada sector. “Se puede trabajar hasta 12 horas por día siempre y cuando no se exceda el promedio semanal ni diario”, explicó. Según el especialista, esta modalidad ya existe en sectores como el comercio o la minería, donde la demanda laboral es variable a lo largo de la semana.
Otro de los puntos centrales del proyecto es la ampliación del sistema de “banco de horas”, que permite compensar las horas trabajadas de más con descansos en otros días. “Este esquema ya existe desde 1991 y es muy utilizado en países desarrollados. Lo que se busca ahora es simplificarlo y ampliar su alcance”, indicó De Diego.
Respecto a la posibilidad de reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, el asesor recordó que ese instrumento ya está contemplado en la Ley Bases. “El Gobierno está interesado en avanzar en su implementación, a través de fideicomisos administrados por bancos o aseguradoras. Pero para que funcione, se necesita acuerdo entre sindicatos y cámaras empresarias”, explicó. El fondo implicaría un aporte mensual por parte de los empleadores, que podría ir del 2% al 10% del salario, dependiendo de la actividad.
El letrado insistió en que la reforma laboral debe ir acompañada de cambios previsionales y fiscales. “Tenemos los impuestos al trabajo más altos del mundo. Si no se reducen las cargas, es imposible que las pymes puedan contratar más personal o competir con los países vecinos”, advirtió.
Según adelantó el especialista, la presentación oficial del proyecto se concretará después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores. Hasta entonces, el equipo técnico mantendrá reuniones con gobernadores y representantes empresariales para consensuar los puntos más sensibles.