La investigación se basa en presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria y podría derivar en sanciones económicas y la imposibilidad de operar en el mercado cambiario.
El Banco Central inició un sumario formal contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria.
La investigación, que aún no fue notificada oficialmente, analiza cinco universos de operaciones realizadas entre 2020 y 2023. El volumen total bajo la lupa de la autoridad monetaria supera los USD 131.384.000 y EUR 94.999.920, lo que en conjunto representa una cifra superior a los USD 242 millones.
De acuerdo a fuentes vinculadas con la investigación, la maniobra principal consistió en el ingreso y liquidación irregular de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias de organismos internacionales.
El eje de la observación reside en que la AFA modificó el concepto de declaración de estos fondos: de “otros servicios personales, culturales y recreativos” (código S24) a “otras transferencias corrientes” (código 108). Esta modificación técnica habría permitido a la entidad evitar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial, al presentarlos como donaciones.
Entre los contratos más relevantes bajo análisis se encuentra el vínculo con Adidas, vigente hasta 2030, donde se detectaron casi EUR 95 millones que no habrían sido liquidados desde la segunda mitad de 2020. Asimismo, el expediente revisa ingresos provenientes de Fox, por una suma que supera los USD 45 millones, y de Argentina Football Distribution LLC, por USD 78 millones.
Según las fuentes, la AFA utilizó el mismo método en estos casos, declarando los ingresos bajo conceptos que esquivaban la normativa del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
La investigación también incorpora movimientos relacionados con la FIFA y la Conmebol, donde se detectaron millones de dólares pendientes de liquidación o de ingreso al país por conceptos de subsidios y adelantos. El sumario señala como responsables, además de a la institución, a los tesoreros del período investigado, Alejandro Nadur y Pablo Toviggino.
Para los investigadores, este mecanismo fue una respuesta a las restricciones del cepo cambiario, permitiendo a la entidad “mantener su patrimonio en dólares y evitar pérdidas derivadas de la brecha cambiaria”.
Este proceso, de carácter cambiario, podría derivar en sanciones económicas y en la inhabilitación para operar en el mercado de cambios. El Banco Central concedió prórrogas a la asociación para responder al expediente, fijando el plazo final para el 1 de septiembre de 2025.