La decisión del juez Diego Amarante coincide con la postura del fiscal Claudio Navas Rail y ARCA en la causa que investiga la retención indebida de $19.000 millones.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, en una causa que investiga la retención indebida de 19 mil millones de pesos en impuestos y aportes patronales.
La resolución judicial se alinea con la postura del fiscal Claudio Navas Rial y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), denunciante en el caso. La investigación se centra en el incumplimiento de las obligaciones previsionales y tributarias de la entidad durante diversos períodos de 2024 y 2025, excediendo el plazo de 30 días que establece la ley.
La defensa de la AFA argumentó que no existía delito debido a que resoluciones de ARCA y el Ministerio de Economía suspenden hasta julio de este año las ejecuciones de deudas fiscales para entidades sin fines de lucro.
Según los abogados de Tapia, si el organismo no podía ejecutar las deudas, tampoco podía exigirlas. Sin embargo, el juez Amarante desestimó este planteo al sostener que “denota una inadecuada distinción entre los institutos de exigibilidad de la obligación tributaria y ejecutabilidad de la deuda por vía de ejecución fiscal, categorías que no resultan equivalentes ni intercambiables”.
En su fallo, el magistrado aclaró que la suspensión de medidas cautelares o ejecuciones fiscales constituye una facilidad administrativa que no elimina el deber de pago. Amarante subrayó que “la circunstancia de que el organismo recaudador haya recibido instrucciones para suspender transitoriamente el inicio de ejecuciones fiscales (…) no implica, en modo alguno, que la obligación tributaria no se encontrara vencida ni que el contribuyente se encontrara jurídicamente habilitado a omitir su ingreso”.
Además de Claudio Tapia, se encuentran imputados el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, el secretario general, Cristian Malaspina, y el director general, Gustavo Lorenzo. Con el rechazo del sobreseimiento, la investigación formal por el delito de retención indebida de aportes continúa su trámite, aunque la defensa de los acusados aún tiene la posibilidad de apelar la resolución ante la Cámara en lo Penal Económico para que sea revisada.