La Casa Rosada busca acelerar el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta antes de que termine el año. Con plazos ajustados, resistencias sindicales y maniobras opositoras en puerta, el oficialismo enfrenta un escenario complejo para lograr la media sanción.
El Gobierno nacional puso la reforma laboral en el centro de su agenda legislativa de fin de año y trabaja contrarreloj para que el proyecto obtenga media sanción en el Senado antes del receso. La iniciativa es considerada clave dentro del programa de transformaciones que impulsa Javier Milei, pero su avance está lejos de estar garantizado y enfrenta obstáculos políticos, sindicales y reglamentarios.
En la Casa Rosada reconocen que el calendario juega en contra. Con diciembre avanzado y las fiestas en el horizonte, el oficialismo necesita acelerar la conformación de comisiones, lograr dictamen y reunir los votos necesarios en el recinto en un contexto de fuerte resistencia gremial y cautela por parte de sectores de la oposición dialoguista.
A diferencia del Presupuesto 2026, que el Gobierno confía en aprobar con relativa facilidad gracias a una correlación de fuerzas más favorable que en años anteriores, la reforma laboral despierta tensiones transversales. En el Senado, la discusión promete ser más áspera y con un margen de negociación mucho más estrecho.
Uno de los puntos centrales es el rol que tendrá Patricia Bullrich como presidenta de la Comisión de Trabajo. Si bien desde el oficialismo buscan que esa comisión sea la puerta de entrada rápida para el proyecto, su conformación aún no está cerrada y la oposición ya anticipó que exigirá un tratamiento extenso, con la convocatoria de especialistas, representantes sindicales y juristas.
Ese pedido, que podría incluir decenas de exposiciones, amenaza con dilatar los tiempos y chocar de lleno con la intención del Gobierno de cerrar el año con una victoria legislativa. “No hay apuro”, repiten en distintos bloques, donde advierten que una reforma de este calibre requiere consenso y debate profundo.
La tensión con la central gremial también suma presión. En las últimas horas, la central obrera volvió a endurecer su discurso tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien afirmó que los cambios alcanzarán a todas las relaciones laborales.
Para el sindicalismo, esa definición refuerza el rechazo al proyecto y abre la puerta a una escalada de protestas y acciones judiciales.
En Balcarce 50 minimizan el impacto político de una eventual movilización y sostienen que el desgaste de los gremios juega a favor del oficialismo. Sin embargo, en el mundo empresario hay inquietud. Algunos sectores temen que una confrontación abierta termine bloqueando la reforma o genere un aluvión de litigios laborales en un fuero históricamente adverso al Gobierno.
Entre los puntos más sensibles del proyecto aparece la modificación del esquema de aportes solidarios a los sindicatos, que dejarían de ser obligatorios. Aunque el oficialismo defiende la medida como un avance en la libertad de elección de los trabajadores, la CGT la considera un golpe directo a su financiamiento y un límite difícil de aceptar.
Por ahora, el Gobierno mantiene su estrategia de avanzar sin cambios sustanciales, pero no descarta ajustes tácticos si el escenario legislativo se vuelve más adverso. En el Senado, la reforma laboral se encamina a ser una de las discusiones más calientes del cierre de 2025, con un resultado abierto y negociaciones que se anticipan intensas.