El Gobierno, por su parte, ya anticipó que el presidente Javier Milei frenará cualquier iniciativa que incremente el gasto público.
La Cámara de Senadores se encamina a una semana de definiciones clave en torno a dos proyectos que generan fuerte tensión con el Poder Ejecutivo: la ley de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de la emergencia pediátrica en hospitales públicos. Ambas iniciativas cuentan con el respaldo de Unión por la Patria (UxP), parte del radicalismo y bloques provinciales, y ya fueron aprobadas en Diputados.
El escenario se torna aún más complejo porque desde la Casa Rosada se confirmó que Javier Milei aplicará nuevamente el veto presidencial si cualquiera de las medidas se convierte en ley. El libertario ya utilizó esta herramienta en reiteradas ocasiones, la más reciente frente a la ley de movilidad jubilatoria y la moratoria previsional.
El martes 19 de agosto será la fecha clave en el Congreso. Las comisiones de Salud, Educación y Presupuesto mantendrán reuniones conjuntas en el salón Arturo Illia del Senado para emitir dictámenes sobre los proyectos. La de Educación está presidida por Eduardo “Wado” de Pedro (UxP), mientras que la de Salud tiene al frente a Lucía Corpacci (UxP). En Presupuesto, en cambio, la conducción recae sobre el libertario Ezequiel Atauche, quien hasta el momento mostró una postura más formal que política, limitándose a facilitar la convocatoria a los plenarios.
Según las previsiones parlamentarias, si los dictámenes se firman el martes, los proyectos podrían llegar al recinto el miércoles 27 de agosto, respetando el plazo reglamentario que exige al menos una semana entre ambas instancias.
Unión por la Patria, que lidera el formoseño José Mayans, cuenta con 34 senadores. Para alcanzar el quórum de 37, la bancada necesita sumar voluntades de otros espacios, entre ellos los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, además de la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri y legisladores provinciales de Río Negro y Santa Cruz. De ese modo, el bloque opositor se acerca a un número suficiente para imponer su agenda.
La Libertad Avanza, con apenas seis senadores, se encuentra en una posición débil para frenar la avanzada, incluso con la influencia de Villarruel en la presidencia de la Cámara. El eventual apoyo de la vicepresidenta al tratamiento acelerado de los proyectos, interpretado como un gesto político hacia la oposición, dejó expuesto el delicado equilibrio dentro del oficialismo.
El financiamiento universitario
El proyecto busca recomponer los salarios docentes y no docentes en línea con la inflación, crear un fondo de $10.000 millones destinado a carreras estratégicas, ampliar las becas estudiantiles y elevar gradualmente el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031. Fue elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y aprobado en Diputados con amplia mayoría.
La emergencia pediátrica
El segundo proyecto establece la declaración de emergencia por dos años en pediatría y residencias médicas nacionales. Reclama una recomposición salarial inmediata para residentes y trabajadores hospitalarios, tomando como referencia los niveles reales de noviembre de 2023. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo anual de la medida alcanzaría $133.433 millones.
No es la primera vez que el Congreso intenta avanzar en estas temáticas. En 2024, una ley de financiamiento universitario obtuvo la aprobación en ambas cámaras, pero Milei la vetó con el argumento de proteger el equilibrio fiscal. El Gobierno logró sostener esa decisión en Diputados, lo que frustró la expectativa del sistema universitario.
Ahora, con un escenario político más fragmentado y el respaldo de sectores opositores heterogéneos, la discusión promete reeditar el choque entre el Congreso y el Ejecutivo, con la particularidad de que Villarruel aparece como una figura clave en la dinámica interna del Senado.
La definición se dará en las próximas semanas, pero el desenlace parece repetir un libreto conocido: oposición articulada frente a un oficialismo debilitado, y un Presidente decidido a recurrir al veto como última línea de defensa para preservar su plan de ajuste.