El Senado uruguayo votó este miércoles el proyecto de ley que despenaliza el procedimiento. Este derecho generó un debate que cruza lo político, lo ético y lo humano.
En una sesión clave, el Senado de Uruguay sancionó la ley que regula la eutanasia, tras su aprobación en Diputados en agosto con respaldo transversal.
La iniciativa, impulsada por el legislador Ope Pasquet, busca garantizar el acceso a una “muerte digna” en casos de sufrimiento extremo, bajo estrictas condiciones médicas y legales.
La discusión dividió a los partidos tradicionales. Dentro de los bloques del Partido Nacional y el Partido Colorado, algunas figuras —como Graciela Bianchi y Andrés Ojeda— votaron a favor, mientras que otros optaron por abstenerse o ceder la banca a suplentes más alineados con la causa. Uno de ellos es Robert Silva, quien dio paso a Pasquet, clave en la gestación del proyecto.
Desde las barras del Parlamento, estuvo presente Beatriz Gelós, docente de 71 años con ELA desde hace casi dos décadas. Su historia fue citada durante el debate: “No puedo bañarme sola, escribir, rascarme ni tomar agua cuando tengo sed”. Para ella y otros pacientes, el proyecto significa “la posibilidad de decidir cuándo y cómo terminar el sufrimiento”.
Organizaciones como Empatía Uruguay y Tenemos ELA apoyan la ley, mientras que grupos como Prudencia Uruguay se oponen, sosteniendo que “nadie debería tener derecho a disponer de su propia vida”.
El texto establece que solo podrán acceder mayores de edad, psíquicamente aptos, con enfermedades incurables que deterioren gravemente su calidad de vida. El proceso incluye ocho etapas, desde la solicitud del paciente hasta la ejecución del procedimiento por un médico, con múltiples evaluaciones y confirmaciones.
Para sus impulsores, esta ley no impone, sino que ofrece una opción: “Regula y garantiza el derecho a morir con dignidad”. Sus detractores, en cambio, alertan sobre el riesgo de reducir el debate a una dicotomía entre “sufrir o morir”.