Las manifestaciones contra el costo de vida convocaron a cientos de miles de personas en todo el país. Los choques con la Policía reavivaron la preocupación por la crisis social y las restricciones al derecho a protestar.
La tensión social se eleva las calles de Francia este sábado. Una nueva convocatoria contra el costo de vida terminó con casi mil detenidos, luego de que se registraran enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en París, Lyon, Burdeos y otras ciudades. La jornada también estuvo marcada por un despliegue policial de gran escala y por las advertencias de nuevas movilizaciones para los próximos días.
La protesta reunió a sectores diversos, entre ellos integrantes del movimiento de los chalecos amarillos, sindicatos y agrupaciones estudiantiles. Sus reclamos apuntaron al deterioro del poder adquisitivo y a las condiciones de los estudiantes de los liceos, en un contexto de malestar con el gobierno de Emmanuel Macron.
Durante los procedimientos, los agentes incautaron objetos como bolas de metal, fuegos artificiales y una katana. En los puntos donde se produjeron incidentes, la Policía recurrió a gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los grupos que arrojaban objetos.
La magnitud de la protesta quedó reflejada en las estimaciones, aunque las cifras oficiales y las de los organizadores volvieron a mostrar diferencias. Mientras el Gobierno calculó que participaron unas 410.000 personas en todo el país, la CGT elevó el número a cerca de 800.000.
París concentró una parte importante de la movilización. La prefectura de Policía contabilizó 110.000 asistentes, frente a los 250.000 estimados por el sindicato. La marcha, además, no pudo mantener el recorrido previsto inicialmente: las autoridades cambiaron el punto de partida, que iba a ser la plaza de la Bastilla, y trasladaron la concentración hacia una zona próxima a la periferia.
El dispositivo de seguridad incluyó unos 70.000 agentes en la capital, además de unidades especializadas, vehículos blindados, helicópteros y efectivos militares de la misión Sentinelle. También se reforzó la custodia de edificios institucionales como el Palacio del Elíseo y la Asamblea Nacional.
La respuesta de las autoridades estuvo condicionada por los disturbios de la semana anterior, cuando cerca de 3.000 comercios resultaron afectados en distintas partes de Francia. Después de aquellos episodios, el Gobierno había impuesto restricciones a determinadas manifestaciones y toques de queda nocturnos en algunos barrios.
El derecho a protestar, en el centro de la discusión
Las medidas de seguridad abrieron otro frente de discusión: cómo contener los episodios violentos sin restringir el derecho a manifestarse. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, pidió a los gobiernos europeos afectados por protestas —entre ellos Francia— que prioricen la desescalada y garanticen las libertades de quienes participan en las movilizaciones.
Desde el Gobierno francés, en cambio, se atribuyeron los incidentes de la semana pasada a grupos de ultraizquierda y a personas que habrían aprovechado las concentraciones para cometer saqueos.
En las calles de París, muchos manifestantes expresaron su rechazo al Presidente con consignas como “Macron renuncia” y “Todo el mundo odia a la policía”. También se vieron carteles críticos con la gestión oficial, en una jornada en la que predominó la participación de jóvenes.
La convocatoria no estuvo limitada al reclamo económico. El respaldo a los estudiantes de los liceos formó parte de los principales ejes de la protesta, mientras el Ejecutivo prepara medidas específicas para ese sector que prevé anunciar el lunes.
Cierres preventivos y preocupación por la actividad económica
El temor a nuevos incidentes tuvo consecuencias más allá de las manifestaciones. Comerciantes de distintas zonas optaron por mantener sus negocios cerrados o proteger las vidrieras con tablones ante la posibilidad de saqueos y destrozos.
También se suspendió la actividad en varios espacios culturales de París. El Louvre, el Museo de Orsay, el Museo Picasso y la Ópera de París cerraron de manera excepcional como parte de las precauciones adoptadas durante la jornada.
En paralelo, Francia recibió una señal favorable en el frente financiero: la agencia Moody’s mantuvo la calificación de la deuda soberana del país. La decisión se apoyó en la expectativa de que el Gobierno consiga aprobar el presupuesto de ajuste fiscal para 2027 y de que las tensiones sociales pierdan intensidad en los próximos meses.
Los sindicatos preparan otra jornada de conflicto
Los organizadores anticiparon que las movilizaciones continuarán. Los chalecos amarillos anunciaron una nueva protesta para dentro de siete días y cuestionaron lo que describen como una “deriva autoritaria” del Gobierno.
Las centrales sindicales, por su parte, convocaron a una huelga general para el 5 de noviembre, al considerar que las respuestas oficiales no alcanzan para atender los reclamos sociales.
El dirigente de izquierda Jean-Luc Mélenchon también intervino en la disputa y le pidió a Macron que “ceda”. De lo contrario, advirtió, “no le quedará más que la puerta de salida”.